Santo Domingo.–
Un tribunal dictó «auto de no ha lugar» a favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, al considerar insuficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para enviarlos a juicio de fondo en el denominado caso Calamar.
La decisión representa un giro significativo en uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes de los últimos años y supone un revés para la acusación presentada por la Procuraduría General de la República.
Además de Castillo y Peralta, el tribunal también exoneró de responsabilidad penal a Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena, al concluir que los elementos probatorios aportados no justificaban la apertura de un juicio.
Sin embargo, la magistrada decidió enviar a juicio de fondo al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, así como a otros 28 imputados vinculados al expediente, quienes deberán responder ante los tribunales por los hechos que les atribuye el Ministerio Público.
La defensa de Donald Guerrero cuestionó la legalidad del proceso, alegando que las pruebas obtenidas por la Unidad Antifraude de la Contraloría presentan vicios de origen y que la acción penal en contra de su cliente habría prescrito.
Levantan medidas de coerción
Con la decisión judicial, fueron levantadas las medidas de coerción de carácter personal que pesaban sobre los imputados favorecidos con el no ha lugar, así como diversas restricciones financieras e inmobiliarias.
Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de medidas de coerción reales, entre ellas embargos y congelamiento de fondos, presentada por la parte acusadora.
“Voy con tó’”
A su salida del tribunal, Gonzalo Castillo reaccionó brevemente ante los medios de comunicación y expresó: “Voy con tó’”, luego de conocer el fallo que lo favoreció.
Más de cinco años de proceso
La decisión se produce tras más de cinco años de investigaciones y litigios relacionados con el caso Calamar, un expediente en el que el Ministerio Público acusa a exfuncionarios y particulares de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, soborno, lavado de activos, falsificación de documentos y financiamiento ilícito de campañas políticas.
Con este fallo, el proceso entra en una nueva etapa para los imputados que enfrentarán juicio de fondo, mientras otros quedan fuera del expediente por insuficiencia de pruebas.
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