El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Azua condenó a 30 y 5 años de prisión, respectivamente, a dos hombres hallados culpables del asesinato del chofer de una patana cargada de cemento, en un hecho ocurrido en el año 2022.
La pena máxima de 30 años de reclusión fue impuesta a Miguel Ángel Sánchez Sánchez (Mello), tras acoger el tribunal la solicitud presentada por el Ministerio Público, mientras que Guido Radhamés Custodio (Tuto) fue sentenciado a cinco años de prisión, por su participación en el crimen que costó la vida a Santo Daniel Féliz.
Detalles del crimen
De acuerdo con el expediente instrumentado por el fiscal Edgar Nicolás Ciccone, el hecho ocurrió la mañana del 23 de abril de 2022, cuando la víctima conducía una patana cargada de cemento desde Palenque, provincia San Cristóbal, con destino a San Juan de la Maguana.
Durante el trayecto, al detenerse en una parada del municipio Nizao, la víctima permitió que Sánchez Sánchez y su compañera sentimental, identificada solo como “Morena”, abordaran el vehículo pesado y continuaran el viaje con él.
La investigación del Ministerio Público estableció que Miguel Ángel Sánchez Sánchez provocó la muerte de la víctima mediante asfixia mecánica por estrangulamiento, y posteriormente arrojó el cadáver en las inmediaciones del kilómetro 20 de la carretera Azua–San Juan.
Robo y venta del cargamento
Ese mismo día, Sánchez Sánchez condujo la patana cargada de cemento hasta el cruce de Ocoa, donde Guido Radhamés Custodio le pagó la suma de RD$300,000 por las fundas de cemento sustraídas, completándose así el hecho delictivo.
Pruebas y base legal
El Ministerio Público presentó ante el tribunal pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad penal de ambos procesados, quienes violaron los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores, homicidio y robo.
Cumplimiento de la condena
Los jueces Camilo Segura Piña, Adelaida Luciano de León y Shenia M. Rosado Genao, integrantes del Tribunal Colegiado de Azua, ordenaron que las penas sean cumplidas en la cárcel pública 19 de Marzo de Azua y en la cárcel pública de Baní, según corresponda a cada condenado.
El Ministerio Público valoró la decisión como un paso firme en la lucha contra la criminalidad y en la garantía de justicia para las víctimas y sus familiares.
