El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, aseguró este martes que todas las personas que hayan sustraído fondos del Estado en el caso de corrupción que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) “será sentadas en el banquillo de los acusados”.
Camacho afirmó que, al igual que ocurrió en la primera fase del proceso, los implicados en la estructura de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Cobra enfrentarán todas las etapas judiciales que sean necesarias, conforme avance el ciclo de la investigación del Ministerio Público.
“Conforme el Ministerio Público cubra el ciclo de la investigación, que es lo que hemos hecho históricamente en cada caso, todos los responsables responderán ante la justicia”, expresó.
El Ministerio Público procesa a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado como cabecilla del entramado de corrupción, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva, medida que fue impuesta en diciembre pasado y actualmente se encuentra en proceso de apelación.
Asimismo, están siendo procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen arresto domiciliario, además de garantías económicas e impedimento de salida del país, medidas impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras.
Las declaraciones de Camacho fueron ofrecidas a su salida de la audiencia celebrada ante los jueces Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual fue aplazada para el 3 de febrero, a las 9:00 de la mañana, debido a que la imputada Ada Ledesma Ubiera se presentó sin abogado.
El procurador adjunto sostuvo que no existen fundamentos jurídicos para variar la medida de coerción impuesta, al considerar que la gravedad de los hechos es “descomunal”.
“Defenderemos esta decisión a capa y espada cuando se conozca el recurso”, puntualizó.
Sobre la ampliación del proceso, Camacho reiteró que el Ministerio Público trabaja activamente en una versión 2.0 de la Operación Cobra, la cual será sometida a los tribunales en el menor tiempo posible.
“Nosotros nunca nos detenemos. Estamos trabajando a toda marcha para llevar a los tribunales la siguiente versión de Operación Cobra, tal como lo anunciamos”, afirmó.
Al referirse a cuestionamientos realizados por un abogado defensor sobre la investigación, Camacho calificó dichas declaraciones como una provocación y aseguró que su actuación siempre ha estado apegada a la ley y a la ética profesional.
Entre los delitos imputados al grupo figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados habrían afectado al SeNaSa y a más de siete millones de afiliados, con un desfalco que supera los 15 mil millones de pesos.
