Santo Domingo, RD.–
El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la sentencia que descargó a varios de los procesados por la venta ilegal de los terrenos del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, al considerar que la decisión incurrió en una errónea aplicación de la ley.
La apelación fue depositada ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional contra la sentencia emitida en 2024 que favoreció al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar Objío, así como a Juana Ynés Gómez Williams, Lisetel González Sánchez, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez Williams, Irving José Cruz Crespo y Julio César Gómez Williams.
El recurso también incluye a las empresas Proyecciones Inmobiliarias Gowi, S.R.L., Inversiones Fernández Parache (Infepa), Tekknowlogic Dominicana, S.R.L. y a la propia Corde.
La acción fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la procuradora de corte Rosa Pichardo y los fiscales José Miguel Marmolejos y Wagner Cubilete.
Ministerio Público pide continuar el juicio
El órgano acusador sostiene que la decisión del tribunal de primer grado declaró la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo del proceso sin valorar correctamente la acusación ni las pruebas presentadas.
Por esa razón, solicitó a la Corte de Apelación revocar la sentencia y ordenar la continuación del juicio contra los imputados.
Tras concluir la audiencia, la procuradora de corte Rosa Pichardo explicó que el Ministerio Público cumplió con presentar formalmente el recurso de apelación contra la decisión que extinguió el proceso penal.
Los jueces Ysis Muñiz, Teófilo Andújar y Milagros Ramírez Cabrera aplazaron el conocimiento del caso y fijaron la lectura del fallo para el 10 de septiembre, a las 11:00 de la mañana.
Fraude millonario contra el Estado
Según la acusación, los procesados formaban parte de una estructura que vendía de manera ilegal alrededor de cuatro millones de metros cuadrados de terrenos propiedad del Estado, con una expectativa de obtener beneficios cercanos a RD$5,000 millones.
El expediente indica que los involucrados presuntamente obligaban a residentes del sector Los Tres Brazos a comprar los terrenos donde habían vivido durante décadas.
El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron de forma concertada para violar el ordenamiento jurídico y desfalcar al Estado dominicano.
El caso fue calificado como una presunta violación de los artículos 59, 60, 166, 171, 175, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, además de disposiciones de la Ley 346-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Cargando ...
