María Bizenny Martínez
Rosita Charles Pierre fue una víctima del sistema. Murió esperando una respuesta del Estado dominicano para el reconocimiento de su nacionalidad y la de sus tres hijos.
El reciente asesinato de esta joven dominicana de ascendencia haitiana, ocurrido en la comunidad de Maizal, provincia Valverde, ha vuelto a poner en evidencia las profundas deficiencias del Estado en la protección de las mujeres, particularmente de aquellas que viven en condiciones de exclusión jurídica y social. Rosita fue asesinada por su expareja, en un hecho que refleja, una vez más, la persistente crisis de violencia de género que golpea al país.
Charles Pierre y sus nueve hermanos nacieron en territorio dominicano, hijos de padres extranjeros vinculados a la industria azucarera. Todos fueron incluidos como beneficiarios de la Ley 169-14, bajo el literal B. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento legal, permanecieron sin documentación efectiva, atrapados en un limbo jurídico provocado por la inexistencia de procesos claros para la renovación o entrega de documentos nacionales.
La ausencia de mecanismos reales de prevención, junto al temor de esta población a presentar denuncias ante el sistema judicial —debido al vencimiento de la documentación emitida tras la aplicación de la Ley 169-14— y la indiferencia institucional para resolver esta situación, convierten al Estado en cómplice indirecto de las agresiones y de la violencia física y sexual que padecen las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana.
Aunque la Procuraduría Especializada en Violencia de Género ha manifestado apertura para recibir denuncias, la realidad es que las mujeres sin documentación o con documentos vencidos temen salir de sus hogares y acudir a las autoridades, ya que su condición las expone a ser detenidas por los organismos migratorios. Ante ese riesgo, muchas optan por permanecer en silencio y soportar el maltrato de agresores, parejas, empleadores e incluso vecinos. Este escenario alimenta un clima de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia.
La muerte de Rosita Charles Pierre es un recordatorio doloroso y contundente de esta realidad.
No es un hecho aislado. Es importante señalar que las agresiones, así como la violencia sexual contra mujeres sin documentación o con documentos vencidos, se incrementaron tras el anuncio presidencial de deportaciones masivas en un corto período de tiempo. Estas medidas, sin salvaguardas de derechos humanos, han profundizado la vulnerabilidad de una población ya históricamente marginada.
La falta de respuestas estructurales para la población dominicana de ascendencia haitiana, combinada con un discurso xenófobo cada vez más normalizado, ha sido un factor determinante en el aumento de agresiones físicas, muertes materno-infantiles, violencia sexual y feminicidios, como el que hoy enluta a la familia de Rosita.
Es urgente que el Estado dominicano establezca vías legales efectivas para el reconocimiento de la nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Asimismo, debe poner fin a prácticas discriminatorias que profundizan la exclusión y la vulnerabilidad de esta población, especialmente de las mujeres.
La muerte de Rosita Charles Pierre se convierte, así, en un símbolo trágico de la urgencia impostergable de una solución real, duradera y efectiva para las personas nacidas en la República Dominicana antes de la Constitución de 2010. Seguir ignorando esta deuda histórica es seguir condenando a más mujeres al silencio, a la violencia y, en el peor de los casos, a la muerte.
