Al concluir el recién finalizado año 2025, la Coordinadora Popular Nacional (CPN), da a conocer su balance social anual, en el que asegura que esos últimos doce meses estuvieron marcados por un profundo deterioro socioeconómico, retrocesos democráticos, degradación de la soberanía nacional y una incipiente, pero significativa irrupción de las luchas populares unificadas en defensa de los derechos de la población.
En un documento titulado “República Dominicana: deterioro socioeconómico, retrocesos democráticos, degradación de la soberanía nacional e irrupción inicial de la CPN y las luchas por los derechos de la población”, la organización sostiene que durante 2025 se consolidó un modelo político y económico elitista, excluyente y antipopular, que niega derechos a la mayoría de los dominicanos.
Economía, endeudamiento y costo de la vida
De acuerdo con la CPN, el crecimiento económico dejó de ser incluso un argumento defendible para el gobierno y las élites económicas. Afirma que el Producto Interno Bruto (PIB) apenas rondaría un 2 % en 2025, pese a un endeudamiento público creciente, cuyos intereses anuales —según denuncian— asfixian la capacidad del Estado para ofrecer servicios de calidad y comprometen el futuro nacional.
La organización también señala que el gobierno fracasó nuevamente en aprobar una reforma fiscal, debido a la negativa de los sectores privilegiados a renunciar a exenciones, enfrentar la corrupción y desmontar la impunidad.
En ese contexto, advierte que la devaluación del peso dominicano, que superó los 63 pesos por dólar en diciembre, ha impactado directamente el costo de los bienes y servicios básicos, afectando de manera desproporcionada a los sectores populares.
Soberanía, derechos y denuncias sociales
El balance critica duramente lo que califica como una entrega de la soberanía nacional, citando acuerdos que permiten el uso del territorio dominicano para intereses extranjeros y la complacencia del Estado frente a corporaciones mineras como Barrick Gold, GoldQuest, Unigold y Belfond, en detrimento de comunidades rurales y recursos naturales.
Asimismo, la CPN define el 2025 como el año de la imposición de un “Código Penal del retroceso”, que —según afirman— desconoce derechos de las mujeres, criminaliza la protesta social y perpetúa privilegios históricos.
Casos como la tragedia del Jet Set y el escándalo en SENASA son citados como ejemplos de que la corrupción y la impunidad continúan marcando la gestión pública, con consecuencias directas sobre el sistema de salud y la seguridad social.
Xenofobia, desalojos y protesta social
Otro de los aspectos más críticos del balance es la denuncia del aumento del discurso de odio, la xenofobia y el racismo, así como la multiplicación de desalojos y expropiaciones que afectan a barrios populares, comunidades campesinas y migrantes, configurando —a juicio de la CPN— un verdadero estado de excepción a favor de los sectores más ricos.
Frente a este escenario, la organización resalta la irrupción inicial de la Coordinadora Popular Nacional como un actor articulador de luchas sociales, ambientales, comunitarias y feministas, con movilizaciones contra proyectos mineros, en defensa del agua, los derechos laborales, la soberanía nacional y la memoria histórica.
Movilización y perspectivas
El documento destaca acciones emblemáticas como las movilizaciones del 8 de marzo y 30 de noviembre, la marcha del 27 de abril por el 60 aniversario de la Revolución de 1965, las protestas contra desalojos durante todo el año y la gran marcha en defensa del agua y la vida del 19 de octubre de 2025.
Pese a lo que define como un año de profundización de políticas antiderechos, la CPN concluye que el 2025 también deja como saldo una esperanza colectiva, basada en la organización y unidad de los sectores populares, como vía para la construcción de una sociedad fundada en la justicia social y los derechos de la ciudadanía.
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