Xavier Carrasco
La Laguna de Cabral, también llamada Laguna El Rincón, es el mayor cuerpo de agua dulce de la región suroeste y uno de los ecosistemas más importantes de la República Dominicana.
Su riqueza natural ha sostenido por generaciones la vida de comunidades enteras que dependen de la pesca, la agricultura y el turismo ecológico.
Sin embargo, hoy atraviesa uno de sus peores momentos, un retroceso alarmante de más de 7 kilómetros ha reducido sus aguas, dejando al descubierto la tragedia de un ecosistema que languidece.
Después de dos meses de reuniones con la sociedad civil, juntas de regantes y sectores preocupados por la situación, un equipo de técnicos llegados desde Santo Domingo se presentó el pasado sábado en la laguna.
Tras recorrer los puntos clave de entrada de agua, constataron que los diques Trujillo y Santana donde se realiza un desvío del río Yaque del Sur hacia las plantaciones cañeras son piezas fundamentales para entender la crisis actual.
El hallazgo fue contundente, más del 80% del caudal del Yaque del Sur se está desviando hacia los predios cañeros del Consorcio Azucarero Central de Barahona, dejando a la laguna en estado crítico.
Paradójicamente, apenas 24 horas después de estas declaraciones, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) difundió un comunicado atribuyendo la sequía de la laguna exclusivamente a la falta de lluvias en la región.
La coincidencia y el tono del mensaje generan suspicacia. ¿Por qué después de tantos meses de silencio la institución responde justo cuando se señala al consorcio azucarero?.
Lo cierto es que no estamos ante un hecho aislado. La historia reciente del Consorcio Azucarero está llena de episodios en los que pequeños productores de Barahona y Bahoruco han resultado perjudicados.
En múltiples ocasiones, se les han arrebatado tierras, se les han desviado aguas y se le ha condenado a la quiebra mientras la empresa utiliza su poder económico para expandirse sin límites.
Hoy, la víctima es aún mayor, la Laguna de Cabral, un patrimonio natural y social que debería ser protegido por el Estado y no sacrificado en nombre de la caña de azúcar.
La dimensión del problema no puede minimizarse. La desaparición progresiva de la laguna no solo significa la pérdida de un recurso hídrico; también implica la ruina de cientos de familias que viven de la pesca artesanal en Cabral, Cristóbal, El Peñón y comunidades cercanas.
Significa el colapso de un ecosistema donde habitan especies endémicas y migratorias que dependen de este espacio. Significa, en última instancia, que estamos destruyendo con nuestras propias manos una de las joyas naturales más valiosas del país.
Aquí no se trata de elegir entre producción cañera y conservación ambiental. Se trata de establecer un orden justo donde la explotación agrícola no signifique la muerte de un ecosistema. El desarrollo no puede sostenerse sobre la base del despojo, la desigualdad y la destrucción ambiental.
El Estado tiene la responsabilidad ineludible de actuar. No puede seguir siendo un espectador ni un cómplice silencioso. Debe intervenir de manera inmediata, garantizando que las aguas del Yaque lleguen a la laguna y que se respete el derecho de las comunidades a vivir de sus recursos naturales.
Hoy la Laguna de Cabral nos lanza un grito de auxilio. Ignorarlo sería repetir la misma historia de abandono que tanto daño ha causado en otras zonas del país. La pregunta es simple: ¿vamos a permitir que un grupo empresarial decida sobre la vida de un ecosistema y de cientos de dominicanos?
La respuesta debería ser igual de simple, Salvar la Laguna de Cabral es salvar nuestra historia, nuestra naturaleza y nuestro futuro.
