La Cámara de Diputados aprobó este miércoles -en dos discusiones consecutivas- la iniciativa que tiene como objetivo modificar la Ley 80-24 de Presupuesto General del Estado, elaborada por el Gobierno para utilizarlo durante este año.
Según explica el presidente Luis Abinader en carta enviada el pasado 19 de agosto a los diputados, la adenda – propuesta mitigaría la “persistente incertidumbre económica que afecta el entorno nacional y externo”.
Además, respondería a la “dinámica de las cuentas fiscales” observada por las autoridades durante la primera mitad de este año. La reformulación favorecida por los representantes de la Cámara Baja dispone una variación al total de ingresos, gastos y déficit fiscal.
De esta manera, permite al Gobierno incrementar casi RD$ 70,000 millones para «fortalecer» los proyectos de inversión pública considerados “claves” en el dinamismo de la actividad económica y la mejora del bienestar de la población.
Abinader -especifica en la misiva- que los planes gubernamentales serían realizados a través de los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Vivienda y Edificaciones (Mived); Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret); Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); Servicio Nacional de Salud (SNS); Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, entre otras.
También, autorizaría al Poder Ejecutivo a efectuar la emisión y colocación de “valores de deuda pública” por hasta un monto de RD$ 361,618 millones, siendo un aumento de RD$ 10,627 millones respecto al monto aprobado el pasado año, el cual alcanzaba una cantidad de RD$ 350,990.39 millones.
“En resumen, los RD$ 36,000 millones de ingresos adicionales no recurrentes, sumados a los RD$ 23,112.4 millones del balance neto de disponibilidad del año 2024, más los RD$ 10,627.85 millones de incremento en el financiamiento para el ejercicio 2025, suman los RD$ 69,740.25 millones que estarían incrementándose en las erogaciones para culminar”, establece el informe aprobado por la comisión legislativa de Hacienda.
Dinero en proyectos
Asimismo, la mesa de estudio que dirige el diputado Francisco Paulino indica en el documento que el Gobierno pretende desarrollar una expansión del 20% en el gasto de capital dentro del presupuesto, el cual corresponde a una cifra de RD$35,548.25, equivalente a 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Según la comisión, el Gobierno planifica acciones destinadas a transformar las condiciones de los centros públicos de salud, así como a continuar con el plan integral de transformación y profesionalización en apoyo a la reforma policial.
Adicionalmente, se consideran recursos adicionales rubros prioritarios para los poderes y organismos constitucionales, entre los cuales se incluye el del proyecto de actualización de la cédula de identidad.
Diputados de las principales organizaciones políticas opositoras coincidieron en sus planteamientos a exponer sus posiciones durante la sesión, indicando que este es un acto constitucional, por lo cual no representa una violación a ninguna ley.
Estos fueron los voceros Rafa Castillo, de la Fuerza del Pueblo (FP); Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y Ramón Raposo, Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
“Esta es una oportunidad para que (sean atendidas) las críticas que veníamos haciendo a la baja inversión de capital”, dijo Sánchez, aclarando que los peledeístas votarían a favor la iniciativa que fue declarada de urgencia.
No obstante, Castillo indicó que la FP no muestra su respaldo debido a que desconfía en la eficiente utilización de estos recursos.
“(Cientos de) millones de dólares de Aerodom. Hoy se gastaron los millones y no tenemos las obras. (Esta reformulación al Presupuesto) es para invertirlo en doble sueldo, bono y fiestas, no se va invertir un peso en la sociedad, ni en la gente”, expresó Castillo, cuestionando la administración del Gobierno sobre los US$ 775 millones recibidos como parte del contrato pactado con la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo 21.
Será en el Senado de la República donde los 29 legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y tres del único partido opositor, FP, decidirán si convertirán en ley la modificación para que el Poder Ejecutivo pueda promulgar los cambios.
