Xavier Carrasco
En los últimos meses, diversos medios de comunicación, actores políticos y voces de la oposición han sostenido un discurso persistente que busca instalar en la opinión pública la idea de que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) está quebrado o al borde del colapso.
Esta narrativa, en muchos casos guiada por intereses políticos, en otros por un desconocimiento profundo del sistema de seguridad social, no solo distorsiona la realidad, sino que busca debilitar la confianza en una de las instituciones más sensibles del Estado, la que garantiza el derecho a la salud de millones de dominicanos.
Desde la llegada del presidente Luis Abinader en 2020, se asumió un compromiso claro con el cumplimiento de la Ley de Seguridad Social, asegurar a toda la población dominicana. Esa meta, que por años fue postergada, comenzó a materializarse con hechos concretos. Así lo demuestran las cifras oficiales.
En mayo del año 2024, SeNaSa cubre alrededor de 7.6 millones de personas. De ese total, 1.72 millones pertenecen al Régimen Contributivo, y 5.7 millones al Régimen Subsidiado. Esta última cifra representa un incremento notable si se compara con los 3.7 millones de subsidiados que había en agosto de 2022.
¿Qué implica esto? Que hoy más dominicanos y dominicanas en condiciones de vulnerabilidad tienen acceso a servicios de salud gratuitos y dignos, como lo contempla la Constitución Dominicana y la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
A diferencia de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas, SeNaSa no tiene fines lucrativos. Su razón de ser es garantizar atención médica a los sectores más desposeídos, quienes no pueden costear un seguro de salud.
Es, por tanto, una herramienta de inclusión y justicia social, no una empresa con intereses mercantiles. Más del 80% de su población afiliada pertenece al régimen subsidiado, lo que refleja el verdadero espíritu de servicio de la institución.
Por eso, es absurdo exigirle a SeNaSa que funcione con la lógica empresarial de rentabilidad. El Estado dominicano tiene la responsabilidad legal, ética y social de garantizarle los recursos necesarios para operar.
Y esto no es nuevo. En el año 2013 ya se presentaron situaciones similares, en las que el Estado tuvo que intervenir para asegurar el funcionamiento del sistema.
Lo que sí resulta preocupante es que algunos pretendan debilitar una institución como SeNaSa con discursos alarmistas o desinformados, sin ofrecer alternativas viables, ni entender que su función va más allá del balance financiero.
SeNaSa no está en crisis; SeNaSa está asumiendo con valentía y responsabilidad una expansión histórica que exige mayor respaldo presupuestario.
En lugar de alimentar el caos, deberíamos debatir cómo fortalecer y blindar a una ARS pública que garantiza la salud como un derecho y no como un privilegio.
Porque el SeNaSa no es una empresa que busca beneficios, es un servicio que salva vidas.
