Xavier Carrasco
El martes pasado, el Concejo Municipal del municipio cabecera de Barahona abordó un proyecto que, en apariencia, podría representar un avance en materia de desarrollo urbano, la construcción de 192 apartamentos mediante un fideicomiso.
Como manda la el reglamento interno del concejo, el proyecto fue remitido a comisión para su evaluación técnica, con la intención de aprobarlo sin mayor dilación, sustentado en lo que establece la Ley 189-11 sobre fideicomisos, que en su artículo 45 los exime del pago de impuestos. Los concejales presentes, conocedores de este marco legal, estuvieron de acuerdo con avanzar en el proceso.
Sin embargo, tras esa sesión, medios locales y nacionales comenzaron a difundir una versión distinta, el Concejo habría negado el permiso de uso de suelo.
La razón esgrimida por algunos regidores fue la existencia de una deuda por arbitrios municipales del proponente del fideicomiso, el empresario Sadala Khoury, titular de la empresa Khoury Industrial.
Esta situación generó una serie de comunicados tanto desde la alcaldía como del propio cuerpo edilicio, en los que, aunque no negaban la viabilidad del proyecto, sí reconocían la deuda existente como un impedimento para su aprobación.
Y es aquí donde el asunto se torna aún más preocupante. Como si se tratara de una jugada estratégica, Khoury Industrial filtró a diversos medios una certificación emitida por el Consejo Nacional de Zonas Francas del mes de diciembre de 2014, que establece que opera bajo las prerrogativas de la Ley 8-90. Esta ley, en su artículo 24 literal D, exonera del pago de todo tipo de impuestos, incluidos los municipales, a las empresas acogidas a este régimen.
Esto abre una profunda herida institucional y moral. ¿Cómo es posible que una gransera, cuyo fin es esencialmente lucrativo, goce de exenciones tributarias en un municipio donde los recursos públicos son escasos y las necesidades sociales, abundantes? ¿Cómo pudo una administración anterior permitir que se blindara fiscalmente a una empresa extractiva, que obtiene enormes beneficios del territorio sin retribuir nada a cambio?
Es inadmisible que las políticas de incentivo a la inversión se conviertan en mecanismos de despojo para las comunidades. Empresas como Khoury Industrial deberían, al menos, devolver en infraestructura, empleo digno y desarrollo comunitario una parte proporcional de los beneficios que reciben de nuestro pueblo.
Barahona y el país no pueden seguir siendo un botín para empresarios privilegiados bajo el amparo de leyes pensadas para otro tipo de sectores productivos. La responsabilidad de esta situación recae, sin duda, en decisiones pasadas que hoy nos cobran factura. Pero también exige que los actuales tomadores de decisiones no perpetúen el mismo patrón de sumisión ante los intereses particulares.
No se puede gobernar de espaldas al pueblo. La comunidad merece respuestas, justicia fiscal y un modelo de desarrollo que beneficie a las mayorías, no a unos pocos.
Porque cuando nuestros tomadores de decisiones legislan en favor de particulares y no del colectivo, están firmando un pacto con la irresponsabilidad.
