Dos jueces federales ordenaron a la Administración de Donald Trump implementar plazos de aviso más amplios para todas las personas migrantes que el Gobierno busque deportar, argumentando la protección del «debido proceso» en el país.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del Gobierno de Donald Trump para deportar a miles de personas en rumbo a una cárcel salvadoreña sigue siendo obstaculizada por los tribunales en Estados Unidos.
El pasado 22 de abril, Charlotte Sweeney, jueza federal de Colorado, falló a favor de una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), para proteger de la deportación a dos ciudadanos venezolanos.
En su decisión, Sweeney protege de la expulsión a otro centenar de personas migrantes de nacionalidad venezolana que se encuentran detenidas en un centro de detención privado, y que estaban supuestos a ser expulsados en rumbo a El Salvador para ser encarcelados dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la tétrica megacárcel de Nayib Bukele.
La jueza ordenó al Gobierno federal – especialmente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) – que, a partir de ahora, se deberá notificar a las personas migrantes venezolanas, con 21 días de antelación, sobre los planes de su deportación en rumbo a El Salvador, además de informarles sobre su derecho a impugnar la decisión en un documento escrito «en un idioma que el individuo entienda».
Antes del fallo de Sweeney, las personas migrantes recibían la noticia de que iban a ser deportados a El Salvador apenas 24 horas antes de que ocurriera.
En su defensa, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la decisión de Sweeney «obstaculizaría la capacidad del Gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración».
Empero, la magistrada rebatió dicha postura, afirmando que las personas migrantes «corren el riesgo de ser deportadas, quizás injustamente», además de que pueden sufrir «daños irreparables» si son encarcelados en el Cecot.
Durante una audiencia similar, Alvin Hellerstein, juez de distrito en Manhattan, se mostró de acuerdo con que el Gobierno federal avise, al menos con 10 días de antelación, a las personas migrantes venezolanas antes de ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, fraguada en un contexto de guerra durante el siglo XVIII. Hellerstein argumentó su posición por la defensa del «debido proceso».
«Esto no es un tribunal secreto, una inquisición en la época medieval. Esto es Estados Unidos de América», dijo el juez el pasado 22 de abril.
En protección del «debido proceso»
Las decisiones de Sweeney y Hellerstein se unen a la larga lista de desafíos desde el Poder Judicial que experimenta la agresiva política migratoria del magnate neoyorquino.
Apenas el pasado 19 de abril, el Tribunal Supremo estadounidense ordenó suspender hasta nuevo aviso las expulsiones de ciudadanos venezolanos, detenidos en el norte de Texas, bajo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas involucrada en el caso de Colorado, explicó que la demanda interpuesta contra las deportaciones de sus clientes no busca que sean liberados inmediatamente, o que se les conceda asilo automático, sino que tiene el objetivo de que puedan gozar de un debido proceso frente a un juez, quién sea el que decida el destino de sus representados.
Grupos defensores de los Derechos Humanos han abogado en contra de las deportaciones expeditas y el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, explicando que, la inmediatez en las expulsiones priva a las personas migrantes de sostener audiencias judiciales para poder impugnar su caso, lo que limita su derecho a un juicio justo antes de ser penados.
Empero, la Administración republicana ve al debido proceso como un obstáculo en la implementación de su plan migratorio. A través de sus redes sociales, Trump dijo que se necesitarían «200 años» para juzgar a todas las personas que su Gobierno ha puesto en la fila de la deportación.
