Benny Rodríguez
Aunque la frecuencia de las peleas entre personas recluidas en la cárcel pública de Barahona no es sistemática, cuando estas se producen en el recinto carcelario, evidencian la grave crisis existente en el sistema penitenciario de la República Dominicana.
Una cruda realidad de una infraestructura carcelaria que data de la dictadura en donde, más que tener ciudadanos o ciudadanas purgando prisión por hechos cometidos, lo que hay son personas amontonadas que carecen de las mínimas condiciones de higiene y de salubridad.
Los “pleitos” entre reclusos indican las condicionantes infrahumanas de esta cárcel: la cual está marcada por hacinamiento, precariedad y, pese a los esfuerzos, al menos mediáticos de las autoridades, su abandono es más que evidente.
Quizás, sea esta la razón para no permitirle a la prensa conversar con el alcaide de la prisión, sin previamente solicitarlo mediante comunicación a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), por parte del medio o periodista solicitando la entrevista y sentarse a “esperar autorización para hablar sobre la situación de esta cárcel”, ha dicho un funcionario que gestionaba una entrevista con el funcionario de la prisión local a este reportero.
La cárcel pública carece de elementales servicios: como el de médicos adecuados. Cuando el privado de libertad presenta alguna dificultad hay que llevarlo a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario porque el recinto no cuenta esta atención básica ni hablar de las condiciones de hacinamiento e insalubridad en el recinto carcelario.
Por tanto, estamos frente una “bomba de tiempo”, incluso para quienes la vigilan, dada su condición de abandono en que se encuentra es lo que más se parece a un “almacén de hombres vivos, pero muertos en vida”, una seria violación de la condición humana.
Sobrepoblada
La cárcel data de la dictadura (se construyó en 1955), hace 69 años, para alojar a una población carcelaria de 200 internos, quienes deben cumplir allí sus condenas por diversos delitos, pero actualmente triplica esa cantidad de personas privadas de su libertad.
La cantidad de presos, los cuales cumplen condenas por diferentes delitos es de 682, de ellos 190 ya tienen una condena firme, mientras el mayor número de los privados de su libertad son preventivos, los cuales suman 492 internos.
Esta sobrepoblación en el recinto hace que las condiciones de higiene y de salubridad no respondan al respeto de la dignidad humana y, por lo tanto, resultan inaceptables desde el punto de vista de los derechos humanos de los privados de la libertad, la cual requiere de una urgente intervención.
El pasado año 2023 teníamos una población carcelaria de 637 personas albergadas en la cárcel pública, aumentando el número de los privados de libertad en el actual 2024 en 45 nuevos internos.
Falta de higiene
La cárcel carece de un nivel adecuado de higiene, con debilidades muy serias en la recogida de la basura, constituyendo un foco de contaminación que pone en riesgo la salud, no solo para los internos, sino para quienes velan por el “buen funcionamiento” de la prisión.
La prisión carece de servicios básicos: baños adecuados, agua corriente y basura por doquier, incluso en sus alrededores los desperdicios y el hedor pueden percibirse a simple vista, lo que supone una amenaza para la salud de los internos.
Pese a los altos niveles de insalubridad en que se encuentran los privados de libertad, dado el nivel de control de la información, se desconocen sobre brotes de enfermedades, aunque es frecuente que los internos sean llevados a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, por presentar complicaciones en su salud.
Se quejan, además, de un problema serio de contaminación del centro de reclusión, porque la situación de hedor empeora cuando revientan las cloacas de la prisión, lo que podría provocar brotes de enfermedades entre los reclusos, pero no trascienden por el control estricto sobre la información.
Video vigilancia
Se hizo ingentes esfuerzos por obtener información sobre la realidad de la prisión, a través de terceros pudimos recabar algunas cosas, incluso de privados de libertad que denuncian las condiciones infrahumanas en que purgan sus condenas.
A estos niveles de falta de higiene, hacinamiento e insalubridad en la cárcel local, se torna más complicado aún, porque más allá de la seguridad de hombres y mujeres, que vigilan a los internos, no hay cámaras de video vigilancia.
A cambio del resguardo de su identidad un miembro de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional con asiento en Barahona, dijo que solo hay cámaras de vigilancia en el perímetro en los alrededores de la prisión, pero no funcionan lo suficiente para asegurar a las personas privadas de su libertad.
En el pasado se han producido fugas de reclusos y como la prisión queda dentro de la población, personas que viven en los alrededores han sido baleadas en persecución de los privados de libertad, despertando un movimiento en los actores sociales que exigen el traslado inmediato de la cárcel a otro lugar.
Comida: Poquita y de mala calidad
Otra queja de los internos está relacionada con la alimentación, pues se quejan porque la comida servida a los reclusos carece de los nutrientes necesarios y de la cantidad suficiente para alimentarlos bien (reclusos), según personas que guardan prisión, a las cuales contactamos a través de familiares.
Internos contactados a través de amigos y familiares, expresan, además, su inconformidad porque, en ocasiones la comida no rinde, por lo que se quedan sin ingerir alimentos.
De igual modo, denuncian que cuando están en audiencia tampoco tienen comida porque no hay un mecanismo que garantice guárdasela a aquellos que son trasladados al tribunal, una situación que provoca dormir sin comer en caso de no tener familia que le lleve comida.
Otra realidad de la cárcel pública de Barahona y que hacen más inhumano el sistema carcelario, que no todos los días hay las tres calientes: desayuno, comida y cena, solo hay garantía de la primera (almuerzo), pero no en cantidad y en la calidad suficiente.
Un negociazo
Privados de libertad que accedieron a contar la realidad del “infierno” en que pasan sus días en la prisión de esta ciudad, pero a través de parientes, amigos o familiares, ya que tienen temor de que se tome represalia en su contra, dijeron que conseguir un espacio para dormir es toda una odisea.
Una goleta (habitación) se vende a precios increíbles, que oscilan entre RD$ 150,000 y RD$200,000. Cuando algún prisionero cumple su condena desde la calle continúa cobrando su “goleta” o habitación adquirida cuando purgaba condena.
Eso hace que los privados de libertad que carecen de recursos, no tienen familias o simplemente han sido abandonados deben dormir en el sueño, incluso en su gran mayoría en los inservibles, deteriorados y mal olientes sanitarios de la prisión.
Una nueva cárcel
Barahona, como toda la Región Enriquillo, hay una real necesidad de construir nuevas y modernos centros penitenciarios, los cuales deben funcionar bajo el esquema del nuevo modelo.
A finales del pasado noviembre el presidente Luis Abinader, al juramentar los comités de apoyo a la “reforma penitenciaria”, dijo que esta incluye construir nuevas cárceles, incluso reveló ya las contempla en el Presupuesto de 2025.
Sin embargo, el pasado procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, el 24 de enero de 2019 dejó iniciados los trabajos de construcción del Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de aquí, como parte del “Plan de Humanización del Sistema Penitenciario” ejecutado en todo el país, el cual no terminó la gestión del expresidente Danilo Medina ni alcanzó el tiempo durante el primer período de Abinader. El proyecto carcelario sigue paralizado.
Hace décadas que la sociedad de Barahona exige a los distintos gobiernos que han dirigido el Estado, se construya una nueva cárcel en esta ciudad, pero sus reclamos no son escuchados, porque la actual representa un peligro para la seguridad de la población, sobre todo, aquellas familias que viven al lado de la cárcel.
