La jueza Tanya Chutkan desestimó este lunes 25 de noviembre los casos penales en cual se acusaba al presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump, de intentar revertir su derrota electoral de 2020 y el caso de los documentos clasificados ocupados en su residencia de Mar-a-Lago.
Jack Smith, fiscal especial del Departamento de Justicia encargado de los dos procesos a nivel federal contra Trump, había pedido formalmente a la Justicia estadounidense desestimar los cargos en contra del ahora presidente electo.
Este 25 de noviembre, el equipo del fiscal Jack Smith emprendió un camino de no retorno en relación con los casos judiciales abiertos a nivel federal en contra del magnate neoyorquino electo como presidente estadounidense por segunda vez el pasado 5 de noviembre, pidiendo finalmente que las acusaciones sean desestimadas.
Tras el pedido del fiscal especial, la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan desestimó ambos casos contra el presidente electo, Donald Trump, quien rápidamente reaccionó en su red social, Truth Social.
«Fue un secuestro político y un punto bajo en la historia de nuestro país que tal cosa pudiera haber sucedido y, sin embargo, perseveré, contra todo pronóstico y gané. ¡Hagamos a América grande de nuevo!», dijo el republicano, tras enterarse de la decisión judicial.
En el caso por los intentos de subversión electoral en 2020 y el rol trumpista durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, Smith explicó en un oficio que, después de analizar cuidadosamente la doctrina del Departamento de Justicia sobre no juzgar ni perseguir presidentes en activo, su equipo y él decidieron que la prohibición también aplicaba a los casos activos contra Trump.
«Esa prohibición es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, de la solidez de las pruebas del Gobierno o del fondo de la acusación, que el Gobierno respalda plenamente», explicó Smith en un oficio remitido a la jueza de distrito en Washington.
Sin embargo, Smith blindó las acusaciones en un caso hipotético que se quieran retomar tras los cuatro años del segundo mandato de Trump, pidiendo a Chutkan que las acusaciones se desestimen «sin prejuicios», lo que mantendría viva la posibilidad de desenterrar los alegatos después de que el republicano salga de la Casa Blanca.
El círculo cercano de Trump celebró el fin de dos de los casos judiciales más importantes en la historia del país, sin dar indicios de que buscarían algún paso extra para reforzar la muerte total de las querellas.
«Es una gran victoria para el Estado de Derecho y un paso importante para acabar con la instrumentalización política de nuestro sistema judicial», mencionó Steven Cheung, portavoz de Trump.
Resurrección política
Después de su derrota electoral frente a Joe Biden en 2020, seguida por el asalto al Capitolio protagonizado por una turba de seguidores alentados por mensajes incendiarios desde la Casa Blanca, Donald Trump parecía confinado al cementerio político estadounidense, viéndose casi imposible un regreso suyo a la Casa Blanca en cuatro años.
Al expresidente, que permanecía en las sombras de su residencia en Mar-a-Lago, se le unió la formalización de un caso judicial liderado por el Departamento de Justicia y su fiscal especial, Jack Smith, que en 2023 presentaron el caso formalmente ante la Justicia de Washington, acusando a Trump de «conspirar» para revertir los resultados electorales de 2020 y evitar la investidura de Joe Biden.
La investigación del Departamento de Justicia se basó en evidenciar los vínculos políticos, ideológicos y hasta personales de Trump con grupos de extrema derecha, supremacistas blancos y operativos políticos radicales que pretendían invalidar los resultados de las elecciones presidenciales y mantener al magnate en el poder.
Dentro del caso, figuras prominentes de la administración Trump, como su exvicepresidente, Mike Pence, testificaron en su contra, sugiriendo que el ahora presidente electo se rodeó de voces anticríticas que, finalmente, terminaron por convencerlo de que estaba siendo víctima de un presunto «fraude electoral».
«Lamentablemente, el presidente estaba rodeado de un grupo de abogados chiflados que no paraban de decirle lo que sus oídos querían oír (…) En última instancia, el presidente siguió exigiendo que le eligiera a él antes que a la Constitución», dijo Pence durante un acto de campaña en Indiana en 2023.
La rabieta presidencial más importante de la historia estuvo acompañada de una ola de violencia política que tuvo su clímax el 6 de enero de 2021 -día en el que el Congreso estadounidense debía confirmar a Biden como el presidente electo para entrar en funciones días después-, cuando una turba de fanáticos conservadores trumpistas irrumpió en las inmediaciones del Capitolio, causando al menos cinco muertes.
En el mismo 2023, Smith inició otro proceso judicial contra Trump, esta vez en Florida, acusándolo por negarse a devolver documentos clasificados que el neoyorquino tenía en su residencia de Mar-a-Lago, señalando por obstrucción a la Justicia y de violar la Ley contra Espionaje en el país.
Trump, quien también enfrentaba dos casos judiciales a nivel estatal –el ‘caso Stormy Daniels’ y el intento por revertir los resultados electorales en Atlanta– parecía más cerca de una celda que de la Casa Blanca. Pero todo cambió el pasado 5 de noviembre.
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