Edwin Paraison
Este 14 de febrero, mientras el mundo celebra el amor y la amistad, la sociedad dominicana tiene también razones para una profunda reflexión. Dos tragedias recientes han sacudido la conciencia nacional y colocado a prueba la solidez del Estado de derecho y la siempre frágil frontera entre justicia y venganza.
Se cumplen tres meses de la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña haitiana de 11 años fallecida el 14 de noviembre de 2025 durante una excursión escolar en Santiago. Su caso conmovió al país y tuvo eco internacional. A pesar de críticas por la lentitud del proceso, el expediente sigue su curso institucional. Su madre, Lovelie Joseph, ha mostrado un coraje admirable al optar por el camino más difícil y digno: reclamar justicia por las vías legales.
Hace pocos días, la muerte violenta de Nauriel Misael Medina, un adolescente dominicano de 14 años en el sector Katanga de Los Mina, volvió a estremecer al país. El crimen, ocurrido la noche del 4 de febrero de 2026, implicaría supuestamente a un menor y a un adulto haitianos, según lo contado por familiares.
Sin embargo, antes de que la justicia establezca responsabilidades definitivas, algunos sectores han intentado transformar el duelo en una peligrosa narrativa de “cacería de haitianos”, desdibujando peligrosamente la frontera entre justicia y venganza.
En el caso de Stephora, las responsabilidades han apuntado hacia una grave negligencia institucional: la realización de una excursión prohibida, sin supervisión adecuada y en un entorno que no reunía condiciones mínimas de seguridad. El Ministerio Público ha formulado imputaciones vinculadas a homicidio involuntario, mientras también se han denunciado episodios de acoso escolar con connotaciones raciales en el colegio Colegio Da Vinci.
Un aspecto social clave: pese a la indignación legítima, nadie organizó turbas para perseguir a familiares de los imputados. Hubo presión mediática y cuestionamientos, pero predominó el respeto al debido proceso. Incluso ante el trato poco solidario del centro educativo, la madre de Stephora ha dado una lección de civismo: firme en su reclamo, pero dentro del marco institucional.
El duelo por Nauriel, en cambio, estuvo acompañado por la irrupción de grupos extremistas que promueven un levantamiento contra haitianos. No fue una reacción espontánea de los moradores, sino la entrada en escena de actores externos que encontraron en la tragedia una oportunidad para alimentar tensiones y el antihaitianismo.
Frente a ese clima, las autoridades recordaron un principio básico: solo el Estado tiene la potestad de ejecutar acciones migratorias o de seguridad. Defender ese principio es proteger la frontera entre justicia y venganza.
En mayo de 2005, tras el asesinato de la comerciante Maritza Núñez en Hatillo Palma, provincia Hatillo Palma, atribuido injustamente a haitianos, se desató un clima de persecución que derivó en agresiones, incendios y expulsiones masivas.
Ante ese escenario, el sociólogo Carlos Dore Cabral publicó su recordado artículo Antes y después de Hatillo Palma, una llamada de atención sobre los riesgos de permitir que el miedo sustituya a la justicia. Su reflexión sigue vigente: cuando una sociedad normaliza reacciones colectivas frente al crimen, erosiona sus propios cimientos democráticos.
Hatillo Palma no es solo un episodio del pasado; es una advertencia sobre lo que ocurre cuando se borra la frontera entre justicia y venganza.
Veintiún años después, la República Dominicana no puede permitirse retrocesos. Si se acepta que grupos organizados impongan “orden” contra una comunidad específica, mañana esa misma lógica podría dirigirse contra cualquier otro grupo percibido como diferente.
La intolerancia crece cuando se siente impune y avanza cuando percibe debilidad institucional.
No tomar en serio cualquier intento de ruptura del Estado de derecho sería jugar con una bomba de tiempo.
Una sola ruta legítima
En el más allá, Stephora y Nauriel colocan a la sociedad dominicana ante una prueba moral clara:
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Exigir investigaciones serias y transparentes.
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Sancionar a los responsables, no castigar comunidades.
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Cerrar el paso a quienes promueven “cacerías”.
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Proteger la convivencia en la isla.
Si permitimos que la ley sea reemplazada por el odio, nadie estará realmente seguro.
En este Día del Amor y la Amistad, recordemos que la historia de la isla también ha estado marcada por la solidaridad cotidiana entre dominicanos y haitianos.
Preservemos esos altos sentimientos entre nuestros dos pueblos.
Porque la convivencia no se decreta desde los discursos: se construye cada día, gesto a gesto.
