El alcalde Rolbik Urbáez, no sale de una, esta vez, se enfrenta a cuestionamientos luego de una denuncia sobre el pago un supuesto pago de un terreno para el municipio, por encima de su valor, una situación que ha provocado inquietudes y críticas sobre la transparencia de la transacción.
En septiembre, Urbáez solicitó al Concejo de Regidores aprobarle un préstamo por valor de 10 millones de pesos, gestionado a través de la Cooperativa CoopFelafevi, para adquirir 5,000 metros cuadrados de terreno a la salida de la zona oeste del municipio, ubicado cerca de El Kanero.
Sin embargo, esta operación ha sido señalada como potencialmente irregular por el precio pagado por los citados terrenos, propiedad de Jorge Báez, pasado aspirante a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización política de la que el pastor es dirigente.
La compra se llevó a cabo pese a la oposición de los regidores de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero el bloque oficialista (PRM), no solo aprobó el préstamo, sino que procedió a la compra, generando cuestionamientos.
Una fuente de la Alcaldía reveló que la solicitud de compra presentada por el alcalde no incluía documentos técnicos, como un informe de agrimensura, para justificar el precio por metro cuadrado de los terrenos, por lo que la falta de esos documentos incrementa las sospechas del pago de un precio mayor por la compra de los terrenos en la operación.
“Es preocupante se haya aprobado una transacción de esta magnitud sin la debida documentación que demuestre la razonabilidad del precio”, afirmó la fuente.
El abogado Rafael Féliz Espinosa, llamó al programa «Acción Mañanera», para advertir que el préstamo supone una carga innecesaria para el ayuntamiento.
Además, el togado local, cuestionó la idoneidad de los terrenos para el proyecto propuesto, comparando la situación con el mercadito de Barahona, que nunca llegó a funcionar por su mala ubicación.
Las denuncias han colocado a Urbáez en el centro de una controversia que podría tener implicaciones políticas y legales para su gestión, mientras los ciudadanos de Cabral exigen respuestas claras sobre el uso de los fondos públicos pertenecientes a la municipalidad.
