El viceministro de Naturalización y Asuntos Migratorios del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, calificó como «amenaza a la soberanía dominicana» los intentos de algunos sectores de imponer, de forma encubierta, la concesión de la nacionalidad a personas extranjeras sin cumplir los requisitos legales establecidos.
A través de una declaración pública, el viceministro Rosario, alertó sobre cualquier intento de inscripción en el registro civil u otras vías irregulares, afirmando que, bajo el pretexto de defender los derechos humanos de individuos que han ingresado al país ilegalmente, se desplegó un conjunto de directrices con el objetivo de desconocer el derecho soberano del pueblo dominicano, «respaldado por tratados internacionales que regulan las relaciones entre los Estados».
Aclaró que no se puede exigir al Estado dominicano asumir responsabilidades que no le corresponden, citando: proveer servicios de salud, educación o nacionalidad a personas sin cumplir los requisitos legales.
Además, afirma como inaceptable que ningún funcionario o ciudadano comprometa los recursos del Estado para afrontar las consecuencias derivadas de la entrada irregular de extranjeros, lo cual contraviene las leyes nacionales.
«Los derechos humanos colectivos, o de tercera generación, reconocen el derecho de los pueblos a la libre determinación. En ese sentido, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra este principio, permitiendo a los pueblos definir su condición política y fomentar su desarrollo económico, social y cultural», resaltó Rosario.
Lamentó que aquellos que han defendido la soberanía nacional frente a estas presiones internacionales hayan sido objeto de aislamiento deliberado y difamaciones, destacando que la defensa de la nación no admite términos medios. «La defensa de nuestro hogar patrio es clara: o se protege o se pone en riesgo, sin lugar para ambigüedades o manipulaciones», afirmó.
También, recordó que el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que cada Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas que se encuentren dentro de su territorio, siempre que estas estén sujetas a su jurisdicción.
En ese contexto, planteó la pregunta: «¿Puede un ciudadano o funcionario dominicano, por motivaciones personales, disponer de los recursos del pueblo para beneficiar a una población extranjera?».
Contestándose que, «ninguna persona tiene el derecho o la autoridad para comprometer los bienes que son parte de la soberanía nacional. «Cualquier acción que se tome a espaldas del pueblo, por parte de individuos o funcionarios, puede considerarse contraria al derecho internacional, a las tradiciones del derecho público en América y a la historia del pueblo dominicano».
Llama, firmemente, a la sociedad dominicana a defender la dignidad y soberanía de nuestra nacionalidad frente a cualquier poder local u extranjero que intente desconocerlo.
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