Con el objetivo de que las reformas propuestas por el gobierno deben poner fin a las desigualdades, injusticias sociales, privilegios a políticos, prácticas corruptas en la administración pública e impunidad al empresariado local y multinacionales, la Coordinadora Popular Nacional (CNP), anunció protestas cívicas en algunos puntos de la República Dominicana.
En un comunicado de prensa la entidad que agrupa de decenas de organizaciones sociales, ambientales, estudiantiles, de campesinos, amas de casas, sociedad civil, entre otros, informó que las protestas comienzan a partir de este martes 13 agosto, víspera de la toma de posición del nuevo periodo de gobierno perremeísta, encabezado por el presidente Luis Abinader.
Afirman estas movilizaciones tienen como objetivo rechazar las pretensiones del presidente Abinader y «su Congreso» de promover reformas a favor de las élites privilegiadas, porque las consideran un «ataque directo contra las conquistas democráticas» por la igualdad y los derechos de la mayoría de la población.
Las protestas
Precisan que en el Distrito Nacional se realizará simultáneamente una vigilia–encendido de velas a partir de las 6.00 de la tarde en la Plazoleta del Parque Independencia (capital dominicana), en diversos barrios del Gran Santo Domingo y municipios del de todo el territorio nacional a partir del próximo martes 13 de agosto.
“Son cambios cosméticos, por ejemplo, la propuesta de reducir el número de diputados y diputadas para hacerse «graciosos» ante la población, cuando en realidad el objetivo es evitar enfrentar la corrupción, sobre todo, las de las élites”, expone la entidad en un documento de prensa.-
Dice, además, que se quiere excluir a la ciudadanía de los procesos de discusión de toma de decisiones públicas, «porque cuando la población ha sido consultada sobre la reforma constitucional ha dicho debe hacerse mediante una constituyente y por voto popular, pero nos usan como en el juego de pelota en lo relativo a las bases: pisar y correr», afirman.
Reforma fiscal, justicia independiente e impunidad
Argumenta que con la reforma fiscal, el gobierno busca recaudar más dinero en manos de la población, pero en cuatro años se niega a eliminar los «barriles, cofres, exoneraciones, exenciones, regalos de combustibles, derroche mediático», considerándolo totalmente «inmoral» pretender aumentar o colocar algún nuevo impuesto indirecto en las condiciones de precariedad en que vive la mayoría del pueblo.
Afirma que las élites violan una y otra vez su propia ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que contempla un Pacto Fiscal, «porque los ricos se niegan a renunciar a sus privilegios, prefiriendo pasar la cuenta a la llamada “deuda pública”, tomando prestamos que sectores populares y clase media pagamos sacrificando el bienestar de nuestras familias”.
La Coordinadora ha criticado duramente la supuesta «justicia independiente» que promueve el gobierno, calificándola de ser una farsa, tras acusar al presidente Abinader, así como a miembros de su gabinete de ser cómplices de grandes casos de corrupción.
«Como el escándalo de Punta Catalina, donde el pueblo dominicano ha sido estafado con un sobrecosto de casi dos mil millones de dólares, que sumados a la tasa actual de la moneda norteamericana frente a la nuestra, hablamos de más de 100 mil millones de pesos dominicanos», exponen.
Resiliencia, lucha popular y social
En ese sentido, la Coordinadora Nacional Popular, afirma que los sectores populares «no estamos dispuestos a quedarnos pasivos frente a la arremetida contra los derechos del gobierno y las elites, tal y como enfrentamos los intentos de aprobar a la carrera un Código Penal del retroceso».
Advierte de la realización de movilizaremos frente a los nuevos intentos de reformas constitucional, fiscal, laboral, de seguridad social y otras para «preservar privilegios a los ricos y seguir cargando los platos rotos a los pobres”.
Afirma la clase trabajadora, mujeres, jóvenes, así como las comunidades lucharan por más derechos, igualdad, participación, exclusión social, abusos, desalojos urbanos y rurales, contra el reparto de los bienes colectivos y, «a favor del agua, de la tierra, de la vida, de la libertad sindical, de la seguridad ciudadana y por el derecho al bienestar de las mayorías nacionales».
