Tomás Aquino Méndez
Hemos criticado en varias ocasiones el accionar de las autoridades judiciales y policiales cuando retienen parientes de alguien que ha cometido un delito. Es injusto, ilegal e inconstitucional detener hermanos, hijos, padres, esposas u otro pariente por una violación cometida por alguien cercano.
A pesar del rechazo que esas violaciones han provocado siempre, se siguen repitiendo. Desde la tiranía hasta el día de hoy no ha habido un gobierno que prohíba a las autoridades judiciales y policiales insistir en esa violación abusiva.
Y si eso ha sido, hasta hoy, una práctica común, ¿Qué pasará en lo adelante con lo que dispone la ley 1-24? Pinchar teléfonos, violar los hogares con allanamientos nocturnos, detenciones y requisas ilegales en vehículos y propiedades se realizan cada día en cualquier parte del territorio. No importa la resistencia que ponga el afectado.
Imagínense ahora que la denominada Dirección Nacional de Investigaciones está autorizada a OBLIGAR a instituciones privadas o personas físicas a entregar toda información que requiera ese organismo con riesgo de prisión ante su negativa.
Bajo el alegato de que es SEGURIDAD NACIONAL aquí se han cometido, y se cometen, toda clase de tropelía. Tiene razón la Sociedad Dominicana de Diarios en expresar su temor a lo que sucederá en lo adelante con el derecho que tenemos los ciudadanos.
A la postura de los diarios se suman voces de obispos, abogados, entidades empresariales y bancarias. Es que, legalizarle a los miembros del DNI el derecho de obligar a un ciudadano a entregarle información, seria facultarlo a manejar a su antojo la voluntad ciudadana.
Mis Expresiones se unen a los que ven que esa ley afecta derechos fundamentales. Deben los legisladores revisarla y el ejecutivo recogerla.
De lo contrario, el Tribunal Constitucional tendrá que asumirla y disponer la anulación de todos los artículos que se contrapongan a la Carta Magna y atentan contra derechos fundamentales del ciudadano.
