Ahira Vargas García
Hace un par de semanas se cerró la frontera entre República Dominicana y Haití. Una medida de la Presidencia con carácter político para obligar a Haití a descontinuar la construcción del canal sobre el río Masacre compartido por ambos países.
Esta decisión no tomó en cuenta la realidad socioeconómica de la zona fronteriza, donde una de las principales actividades económicas (MEPyD 2022) es el mercado binacional y las relaciones comerciales formales e informales con Haití.
La medida busca ser un castigo para el Gobierno haitiano, ese castigo se revierte hacia la población dominicana que vive en la zona fronteriza, 7 provincias, 33 municipios y 33 distritos municipales. (MEPyD 2022) formadas por comunidades que están ubicadas dentro de las más pobres que tiene la República Dominicana.
Toda esta zona, como bien se señala en el documento de MEPyD (2022) vive de la agricultura y el mercado binacional. El cese de las actividades económicas dirigidas al intercambio comercial con las comunidades haitianas deja a los grupos poblacionales de esta zona sin su principal fuente de ingresos y por ende los condena a la agudización de sus condiciones de pobreza y exclusión social.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias para la población que reside en las provincias fronterizas? Crisis de la capacidad de autogestión y empoderamiento que son claves para el desarrollo humano integral de la población fronteriza.
Debilitamiento de la participación comunitaria con relaciones interculturales y binacionales e iniciativas culturales. Deterioro de la cohesión social de las comunidades fronterizas en su convivencia cotidiana. Desesperanza, tensiones, conflictos en la interacción social y comunitaria.
Fomento del racismo y la persecución hacia las personas negras dominicanas que se convierten en “sospechosas” de ser haitianas y con ello de ser “enemigas” siendo vecinas convivientes en un mismo territorio.
Fortalecimiento de las iniciativas de migración hacia las metrópolis del país, Santiago y Santo Domingo en búsqueda de opciones de ingresos. Fomento de la migración y tráfico de personas hacia el exterior desde alternativas basadas en los canales irregulares de pasaportes falsos y compra de visas.
Incremento del trabajo infantil y la explotación laboral infantil con la participación de todas las personas que forman parte de las familias en la búsqueda de opciones de ingresos.
Aumento de las situaciones de riesgo de inserción en redes delictivas de búsqueda de dinero fácil de la población joven de estas comunidades. Expansión de la marginalidad en los barrios con el incremento de los “bolsones de miseria”.
Nuestro país necesita un abordaje distinto de las problemáticas bilaterales, binacionales de modo que no incurramos en abusos, injusticias, violencia y discriminación afectando la cohesión social y la seguridad ciudadana.
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