La exhibición de tropas, armas y todo tipo de pertrechos militares en la frontera que compartimos con Haití, ciertamente podría verse como una declaratoria de guerra de República Dominicana a su vecino.
Estamos seguros que no buscamos un enfrentamiento a ese nivel, y no conviene un conflicto de esa naturaleza en el actual contexto de crisis mundial, cuando una parte de los problemas que padecen poblaciones globales, viene dado como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Expertos en defensa y asuntos militares dominicanos, afirman que el país vecino “no constituye una amenaza en términos militares” para quienes habitamos en este lado de la isla.
Esta aseveración coincide con la que externó el presidente Abinader en su discurso al país este domingo 17 de septiembre, cuando afirma que, “no hay amenaza en la frontera de ninguna índole y que habitantes de la zona fronteriza, como en todo el país, podemos hacer nuestras tareas cotidianas con absoluta normalidad”.
Por tanto, la situación que tenemos con Haití no es militar. Es de otro tipo. Por ejemplo, la dependencia que tiene el país de los haitianos en la mano de obra en la producción agrícola, la construcción y una parte en el sector turismo.
También , el apoyo en salud que hce el país para atender a pacientes procedentes del país vecino o niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estudian en las escuelas dominicanas. Es la solidaridad que ofrece el pueblo dominicano a los haitianos que trabajan y viven en el país. Nadie puede negarlo, está a la vista de todos.
Frente al conflicto por la toma de agua que construyen los haitianos en su territorio para tomar agua del río Masacre o Dajabón (acuífero binacional) la forma primordial para dirigir el asunto debe ser ante todo la vía diplomática y en última instancia el arbitraje internacional como ha ocurrido en otros países fronterizos.
El derecho internacional, los organismos regionales como la OEA, el Consejo de Cancilleres u otros mecanismos para procurar disuadir nuestros vecinos de la acción unilateral de construir un canal supuestamente de uso agrícola de la comunidad de Juana Méndez. Sin embargo, lo que se sabe de forma oficial es que la obra no es construida por el Estado haitiano, sino por particulares y para uso personal o de las grandes fincas privadas que existe en la zona.
Nadie discute que la decisión de construir un canal (en el lado de su territorio) para desviar las aguas del río Masacre, afluente que corresponde a ambos lados en igualdad de condiciones se hace sobre la base de la ilegalidad en caso se materialice la toma de agua. Por tanto, no es correcto, desde el punto de vista de las normas internacionales ni los protocolos firmados entre ambos países.
Tampoco el cierre absoluto de la frontera, por todo lo que ello implica, no solo para los haitianos-as, sino que, también, para los dominicanos-as, ya que de la actividad que allí se genera hay beneficios tangibles para habitantes de ambos países, a través de un comercio que mueve millones de dólares, sin mencionar el contrabando de todo tipo: armas, drogas, cigarrillos, mercancías, entre otro.
Por solo citar la dependencia que tienen ambos países de los mercados binacionales, por ejemplo, el mercado de Dajabón mueve entre 12,000 y 15,000 compradores y compradoras cada lunes y viernes que se realiza el intercambio, según fuentes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Con 19 mercados binacionales a todo lo largo y ancho de la frontera dominico-haitiana con un flujo comercial de más de 500 millones de dólares aproximadamente, según fuentes del Banco Central y al 2017 lo situaba US$429.6 millones. De ahí la importancia que la frontera sea reabierta por la salud económica de las comunidades, de los países que conviven en la isla de la española.
Estamos a tiempo de redefinir nuestra estrategia hacia el país vecinos sin ceder un tanto en la defensa de nuestra Patria y todo lo que ello supone en lo relativo a la integridad, así como la dignidad de nuestro lado.
