La Ley sobre Facturación Electrónica «no responde a los intereses del pueblo dominicano», sino que, más bien, es imposición de acuerdos pactados con agencias internacionales en detrimento de los contribuyentes.
Así lo entiende el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), entidad que exige al Gobierno y responsables directos, explicar más a la población en qué consiste esta Ley de Facturación Electrónica que promulgó el Poder Ejecutivo el pasado mayo, en la persona de su presidente pastor Feliciano Lacen Custodio.
“Los políticos dominicanos deben definir cuáles intereses protegen, porque en las últimas décadas hemos visto disposiciones gubernamentales que responden a agendas que nada tienen que ver con el bienestar social y económico de nuestra nación”, afirmó Lacen Custodio.
El titular del Codue, exige, además, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), socializar más la iniciativa legislativa y bajar la tensión entre los sectores productivos, económicos y profesionales que no están en la capacidad de recibir más cargas económicas.
“Es evidente que somos un país de fácil acceso y comprometido con agendas sistemáticas y bien estructuradas, para la ejecución de normativas progresistas. La población económicamente activa debe estar alerta ante el calendario de ejecución de esta ley de recaudación pública», señala.
Advierte, que esa entidad evangélica seguirá exigiendo que se explique más, así como mayor información, «pues por lo que se observa no deja de ser una carga más a los sectores productivos”.
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