Organizaciones que defienden a la comunidad haitiana en República Dominicana reclamaron este miércoles al país caribeño el cese de la política migratoria que califican de «racista y violatoria de los derechos humanos» contra este colectivo, además, denuncian las condiciones de detención y prácticas como arrestos en maternidades.
En rueda de prensa, los convocantes leyeron un comunicado en el que se refirieron a casos como el ocurrido en la policlínica de Higüey (este de República Dominicana), donde, afirmaron, agentes de migración entraron «buscando y cazando cubículo por cubículo a mujeres en consulta prenatal».
Además, señalan que, «independientemente de que tengan o no su documentación migratoria en regla, se detiene y mantiene a centenares de personas detenidas sin derecho a la defensa legal en el centro de Haina (a unos 20 kilómetros de Santo Domingo), que no cuenta con las condiciones mínimas de salubridad para albergar a seres humanos y que se ha convertido en uno de los mayores centros de corrupción del país».
Además, afirman que las autoridades migratorias dominicanas siguen «ensañándose» contra la comunidad haitiana, especialmente contra embarazadas y lactantes, menores de edad y ancianos.
La política migratoria del actual Gobierno, reiteran «viola la Constitución, la Ley de Migración, los convenios internacionales en materia migratoria y el protocolo binacional de mecanismos de repatriación».
«Estamos avanzando en una especie de apartheid (segregación racial), ya que el modus operandi afecta a todas las poblaciones negras, pobres o en situación de vulnerabilidad», según las organizaciones, las cuales acusan a las autoridades dominicanas de manipular el número de haitianos residentes en el país, que cifran en cientos de miles, y sobre todo la cantidad de haitianas que dan a luz en territorio dominicano.
En un Estado de derecho y una sociedad democrática las acciones denunciadas «no pueden permitirse, ya que laceran la base de toda norma o instrumento legal», manifestaron las veinticuatro asociaciones que firman el documento, entre ellas el colectivo #Haitianos-RD, el Movimiento Reconocido y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD).
En repetidas ocasiones, el Gobierno dominicano ha destacado la carga económica que representa para el país la comunidad haitiana indocumentada y, recientemente, puso como ejemplo que los partos de mujres procedente de Haití en los hospitales pasaron del 12,5 % en 2018 al 33,1 % en 2022.
Ante la crisis social, económica y política que vive el vecino país -unida a la violencia de las todopoderosas bandas armadas y la reaparición del cólera- el experto independiente en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, William ONeill, pidió en junio pasado detener las repatriaciones de haitianos.
A ello, el Ejecutivo dominicano respondió que el «masivo» flujo de haitianos es «insostenible» para el país.
En 2022, República Dominicana deportó 120,900 extranjeros irregulares, casi todos de origen haitiano, una cifra que aumentará considerablemente este año si se tienen en cuenta las devoluciones cada mes en 2023, que solo en junio superaron las 23.000.
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