Xavier Carrasco
Esta semana, el caso del ciudadano Jean Andrés Pumarol Fernández ha captado la atención pública. Acusado de un trágico incidente en un residencial del sector Naco el pasado julio de 2025, el proceso pone sobre la mesa un debate jurídico profundo sobre la independencia del INACIF en el proceso penal dominicano.
Desde el inicio, la defensa ha planteado que el imputado podría padecer de esquizofrenia o trastornos psíquicos. En nuestro sistema, la herramienta legal para confirmar esto es una experticia técnica realizada por especialistas. Sin embargo, aquí surge el nudo gordiano: esta evaluación debe ser solicitada por el fiscal al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), órgano que depende directamente de la Procuraduría General de la República.
El peritaje oficial y la duda razonable
Tras las solicitudes de la defensa, el peritaje oficial del INACIF concluyó que el imputado está en plenas facultades mentales para enfrentar el juicio. A raíz de esto, el magistrado Delvi Timoteo Peguero fijó la audiencia preliminar para el próximo 17 de marzo.
Más allá del caso particular, surge una inquietud legítima: el artículo 208 del Código Procesal Penal exige que las pruebas periciales sean practicadas por expertos imparciales, objetivos e independientes. Cabe preguntarse entonces: ¿Puede existir una verdadera independencia del INACIF en el proceso penal si este opera bajo la estructura de la misma institución que investiga y acusa?
Juez y parte en la prueba científica
La estructura administrativa actual revela una contradicción sistémica. La Procuraduría General de la República es, al mismo tiempo, la entidad que sostiene la acusación, la que solicita el peritaje y la que administra el organismo que lo ejecuta.
Esta falta de autonomía funcional genera interrogantes críticas:
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¿Es posible la plena objetividad cuando el perito depende del acusador?
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¿Cómo se garantiza la transparencia si el ente que acusa controla la certificación de las pruebas técnicas?
Es imperativo aclarar que este análisis no busca favorecer a un imputado en particular. El enfoque se centra en una realidad estructural del sistema de justicia que afecta a cualquier ciudadano dominicano frente a los tribunales.
Hacia una verdadera democracia procesal
La máxima jurídica es clara: la justicia no solo debe ser justa, sino también parecerlo. Mientras el ciudadano perciba que quien lo procesa tiene el control sobre los organismos científicos de prueba, la confianza en el sistema seguirá erosionada.
Por ello, es urgente que el legislador dominicano evalúe la conveniencia de dotar al órgano de peritajes de una autonomía real, separándolo definitivamente del Ministerio Público. Fortalecer la independencia del INACIF en el proceso penal es un paso vital para garantizar que, en una democracia, quien acusa no sea el mismo que controla las evidencias que sustentan su propia tesis.
