El procurador adjunto Wilson Camacho señaló que el Ministerio Público mostró elementos más que suficientes para que el tribunal imponga prisión preventiva como medida de coerción a los imputados en la red de corrupción en Operación Calamar, conforme solicitó el Ministerio Público.
“En esta solicitud de medida de coerción hay varias razones para que se imponga prisión preventiva, algunas están vinculadas a la gravedad de los hechos, los daños deben ser resarcidos y de hecho, están vinculadas a evidencias con que cuenta el Ministerio Público, que fueron ocupadas en los allanamientos, de que varios de los imputados infiltraron la investigación del Ministerio Público y mostraron la intención de afectar la investigación, incluso, realizando actividades de perfilamiento de jueces, como fue expuesto en el tribunal. Estas y otras razones que presentamos en el proceso, son más que suficientes, unido a las pruebas, para que en este proceso se dicte prisión preventiva con relación a las personas que el Ministerio Público las solicitó”, dijo Camacho.
Sobre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, en la que el Ministerio Público solicitó imponer 18 meses de prisión a varios de los imputados en este entramado corrupto, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), precisó que la audiencia ha concluido por que las defensas evitan “aterrizar” a la realidad de lo que plantea el expediente presentado por el Ministerio Público.
“La razón principal por la que la audiencia no ha culminado en el día de hoy (domingo) y ha tenido que posponerse para mañana (hoy lunes), es que las defensas que hoy expusieron se han comportado como drones, se han mantenido sobrevolando sin aterrizar en el caso”, sostuvo Camacho, quien habló a la prensa a su salida de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El procurador adjunto destacó el grado de evasivas planteadas por las defensas, al indicar que las mismas deberían estar reguladas por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).
“De hecho, el IDAC debería regular este tipo de ejercicio de defensas aéreas”, puntualizó el titular de la Pepca, quien estuvo acompañado en audiencia de este domingo por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso y por los procuradores fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero Suazo, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Héctor García, Marinel Brea, Andrés Mena y Jhensy Víctor.
El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar.
Junto a los imputados antes mencionados, en el expediente también figuran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Así como también Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, continuará el conocimiento de la solicitud de medida de coerción este lunes a las 10:00 de la mañana.
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