La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió condenada este martes de 6 años de prisión e inhabilitada de manera perpetua para ocupar cargos públicos al terminar un juicio que duró tres años y medio y que estuvo rodeado de escándalos y denuncias de parcialidad.
El Tribunal Oral Federal número 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, encontró a la expresidenta culpable del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Sin embargo, la absolvieron del delito de asociación ilícita que le habían imputado los fiscales de la causa, y cuya pena máxima era de 12 años de cárcel.
De esta forma concluyó un proceso en el que hubo 13 imputados que recibieron sentencias que van desde la absolución hasta los seis años de prisión, y en el que participaron más de 100 testigos.
Los jueces anunciaron que los fundamentos del veredicto se darán a conocer el próximo 9 de marzo. Hasta ese día se sabrán los argumentos judiciales que tomaron en cuenta para dictar las sentencias.
El fallo es histórico porque es la primera vez que un personaje político con un cargo tan alto es condenado en ejercicio de sus funciones. Antes fueron sentenciados los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa y el exvicepresidente Amado Boudou, pero ya no ocupaban sus puestos.
La trascendencia del caso se debe, también, a que Fernández de Kirchner es la figura política más importante del país sudamericano desde que en 2007 se colocó por primera vez la banda presidencial.
Por eso, a pesar de que ni ella ni el Gobierno convocaron a realizar ningún tipo de manifestación pública este martes, organizaciones y ciudadanos en general marcharon de manera espontánea a los tribunales.
La expresidenta estaba acusada de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.
En su alegato, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que la vicepresidenta de la nación recibiera una pena de 12 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y decomiso de sus bienes.
Desde el principio del juicio, Fernández de Kirchner aseguró que la condena estaba escrita de antemano porque formaba parte del «lawfare» (persecución judicial) que se ha llevado a cabo en su contra desde que en 2015 terminó su segunda presidencia y que tiene como único fin proscribirla.
«(El tribunal) es un pelotón de fusilamiento», acusó la expresidenta la semana pasada durante su última intervención.
El caso
La expresidenta protagonizó lo que se denominó como la ‘Causa Vialidad’, ya que se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, ya bajo el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, y que investigó 51 contratos de obras públicas que obtuvo el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, ubicada en el extremo sur del país, y que ha sido el feudo político de la familia Kirchner.
Néstor Kirchner, gobernó esa provincia de 1991 a 2003, año en el que se convirtió en presidente. Desde entonces, Báez, uno de sus amigos más cercanos, comenzó a obtener licitaciones que lo enriquecieron. En total, se quedó con el 78,5 % de los contratos de obras viales. A pesar de que cobró, dejó inconclusas más de la mitad. Hoy está condenado en otras causas por corrupción.
El juicio comenzó en mayo de 2019 con un total de 13 acusados que recibieron pedidos de penas de entre dos y 12 años de prisión.
Además de Fernández de Kirchner, fueron juzgados el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti, quienes fueron acusados de haber formado parte de la «asociación ilícita».
A ellos se sumaron, con cargos menores, el ex subsecretario de Obra Pública Abel Claudio Fatala, los exjefes de la Dirección Nacional de Vialidad Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, los exdirectores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez y Héctor René Jesús Garro y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.
