Santiago.- El Ministerio Público aseguró este viernes que presentó una sólida medida de coerción como solicitud en contra de 39 implicados en la estructura del crimen organizado desarticulada por la Operación Discovery, quienes hicieron uso de medios electrónicos para estafar y extorsionar a miles de ciudadanos de Estados Unidos.
«Como dijimos desde el primer día, es una medida de coerción de acero; es decir, por sí misma va a tener los elementos suficientes para que el tribunal, ahora que se retira a ponderar, pueda emitir una decisión contundente y firme», expresó el fiscal Claudio Cordero al responder preguntas de periodistas a la salida de la audiencia.
El Ministerio Público manifestó su confianza en la sapiencia de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que, según indica, sabrá juzgar en su justa dimensión la contundencia de los elementos de pruebas que le aportó de manera oportuna.
“Para que este tipo de delitos quede claro que no se va a permitir por parte del Ministerio Público”, añadió Cordero, quien reiteró que esta es una investigación sin precedentes en la región.
Este viernes, el Ministerio Público culminó la réplica a los alegatos y presupuestos presentados por las defensas técnicas, en una jornada en la que reafirmó que la prisión preventiva y la declaración del proceso de tramitación compleja constituyen las más idóneas de las medidas de coerción a imponer, debido al riesgo que representaría para el proceso y para las víctimas la libertad de los imputados. Agregó que dicha postura encuentra sustento con lo establecido en el artículo 234 del Código Procesal Penal, referente al riesgo de la destrucción de pruebas.
Tras escuchar a las partes, la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se retiró a ponderar los elementos de pruebas e informó que emitirá su decisión el próximo lunes 11 de abril.
Los implicados en el caso derivado de la Operación Discovery recurrían a mentiras y a las prácticas de extorsión y sextorsión para conducir a sus víctimas a un estado de desesperación y desequilibrio emocional y así lograr que se desprendieran de recursos económicos. La estructura criminal desmantelada mediante decenas de operativos simultáneos en el país, así como en Nueva York, Estados Unidos, se servía de redes electrónicas y de centros de llamadas que montó a los fines para contactar y manipular a los afectados.
El órgano de la persecución penal insistió en que cuenta con una contundente investigación, en coordinación con organismos de seguridad dominicanos y de Estados Unidos.
Estas indagatorias han permitido establecer que los miembros de la estructura convinieron y acordaron el tipo de operación, estableciendo estrategias comunes y los efectos electrónicos para ejecutar sus operaciones y así llevar a cabo los delitos atribuidos, lo que refuerza la imputación de asociación de malhechores en contra de los encartados.
La Fiscalía hizo referencia, además, a la cantidad de certificaciones carentes de base legal y la incoherencia en los presupuestos que aportó la defensa, lo que puso en mayor evidencia su responsabilidad penal y reforzó la imputación.
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