Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), silicitó al Senado, ante el evidente «despropósito» perpetrados por la Cámara de Diputados, al aprobar el fideicomiso que permite entregar al sector privado, la administración de punta catalina por 30 años.
La entidad, en un comunido de prensa rechaza la que califica de «semejante barbaridad», porque es contraria a la Constitución, interés público y, porque, además, enajena en forma gratuita un patrimonio del pueblo dominicano.
Advierte al Senado, de la peligrosidad de un futuro estallido social, el cual, con todas estas acciones, indefectiblemente se estaría abonando, «en otras palabras, obligando al pueblo dominicano, a tirarse a las calles por al despojo de un bien público de inestimable valor».
«Ello sumado, también, a la entrega y privatización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica (EDES), con todo un proceso en curso acelerado de privatización», expone.
La FJT deploró, que en esta ola de privatización, «disfrazada de Alianzas Públicas Privadas APP», concretamente para el caso ocurrente de Punta Catalina, bajo la denominación de fideicomiso público, se esté «graciosamente» ante el «silencio cómplice de nuestra clase política», permitiendo el «descuartizamiento» del patrimonio estatal, bajo un esquema enteramente privado.
«Sin la responsabilidad de someterse a ninguna de las leyes estatales sobre transparencia, llámese Compra y Contrataciones Públicas, Acceso a la Información Pública, Contraloría o Cámara de Cuentas, instituciones que no tendrían ninguna competencia», señala.
El presidente de la Fundación Trajano Potentini, lamentó el accionar de la Cámara de Diputados, al aprobar el referido contrato, con 102 votos presentes en el hemiciclo de una matrícula de 190 diputados, con una ausencia conveniente y significativa, de gran parte de los miembros, dando pie a formar un cuórum precario y cómplice para concretar este perturbador despropósito.
Potentini, señaló como de gran perturbación el que el contrato aprobado por los diputados, faculte al denominado Comité Técnico, compuesto por 5 personas físicas, provenientes casi en su totalidad del sector eléctrico privado, con intereses y negocios en el mismo, para autorizar y aprobar la incorporación de personas físicas o morales, que realicen inversiones en el Fideicomiso de Punta Catalina, en calidad de Fideicomitentes Adherentes, en suma eso se traduce en que podrán seguir vendiendo y privatizando a Punta Catalina.
«Lo cierto es que el referido comité, dirigido y presidido por el exadministrador de la CDEEE, Celso José Marranzini Pérez, José Luis Actis, Noel Báez Paredes, George Ángel Reinoso Núñez y John A. De Armas, tendrá todos los poderes, para en forma secreta, privada y discrecional, por los próximos 30 años, licitar trabajos, contratar personal, vender acciones, fijar precios y vender energía, en fin, disponer a sus anchas de todo lo relativo al manejo de Punta Catalina, como dueños, amos y señores», afirma.
Señala como otra perturbación el hecho de que con este fideicomiso se le reconoce un precio solo de 2,340 millones de dólares inferior a la realidad del costo, hoy estimado en más de 3 mil millones de dólares; además del blindaje y garantía de impunidad con que cobijan este cuestionado patrimonio del pueblo dominicano.
Finalmente llamó al Senado, a «no aprobar» este despropósito, el cual llevaría al secretismo y sin escarnio social alguno, el manejo de Punta Catalina, dado en un mal llamado Fideicomiso Público, figura fundamentalmente concebida para actividades de naturaleza privada, con una estructura flexible y, «reiteramos fuera de los controles de transparencia y rendición de cuentas del Estado”.
