Santo Domingo.- Este miércoles el presidente Luis Abinader presentó el Plan Integral de Reformas Institucionales, con el objetivo de enfrentar la corrupción a todos los niveles y recuperar el patrimonio público robado.
En un acto celebrado en el Palacio Nacional, Abinader, dijo que a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos creará las bases de un nuevo Estado, uno fuerte, plural y transparente, en el que el ciudadano constituya el centro de la atención pública.
Informó que esas medidas de lucha contra la corrupción se engloban en un paquete más amplio de reformas institucionales que se irán presentando en los próximos meses.
“Como ven, el propósito que nos marcamos con este plan es el de cambiar ya, y para siempre, nuestro país”, enfatizó en el Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción.
Explicó que las iniciativas buscan blindar desde el punto de vista legal a las principales instituciones de democracia, de manera que a partir de su aprobación se pueda decir que el futuro del país jamás dependerá del capricho o de los intereses de un líder o de un partido político concreto
Consideró que las medidas deben revertir radicalmente el proceso de deterioro institucional del país.
Abinader, reveló que le han recomendado no echar a andar estas iniciativas, bajo el alegato de que limitan considerablemente la capacidad de acción del Poder Ejecutivo y del propio presidente de la República.
“Sin embargo, para quien les habla, ninguna otra acción del Gobierno que presido es tan trascendente y necesaria como esta para marcar el nuevo rumbo de progreso y modernidad que merece nuestro país”, sostuvo.
Al acto asistieron diversas personalidades de la vida nacional y altos funcionarios del Gobierno, incluyendo la vicepresidenta de la República Raquel Peña y ministros, encabezados por José Ignacio Paliza, así como directores generales y directores de medios de comunicación.
El mandatario planteó que, históricamente, la República Dominicana no ha tenido una cultura de promoción y respeto de la institucionalidad, y que eso ha debilitado la confianza de la población en la democracia.
Recuperar lo robado
Abinader aseguró que las propuestas no quedarán solo en el deseo de un futuro distinto en las prácticas de la administración pública, sino que también encarnan el compromiso de recuperar el patrimonio que pueda haber sido obtenido mediante actos de corrupción y que pertenece a todo el pueblo dominicano.
Informó que impartió instrucciones para contratar, en lo inmediato, a un equipo de abogados para que, como actores civiles, acompañe al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de esos hechos de corrupción y procuren la recuperación de ese patrimonio robado.
Dijo que esto no implicará una intromisión del Gobierno en la labor del Ministerio Público, sino el cumplimiento de la responsabilidad del Estado respecto a los bienes de todos los dominicanos.
Expresó que perseguirán en los próximos meses una pronta aprobación de una legislación penal moderna y coherente, que sancione los complejos patrones delictivos asociados a la corrupción administrativa.
Expuso que trabajarán para que los procesos de compras y contrataciones públicas se desarrollen en un marco de total transparencia, estandarización y eficiencia.
El presidente también anunció que en procura de acabar con la corrupción y el clientelismo trabajará sin descanso para poner fin a la falta de supervisión en la gestión de los distintos programas de asistencia social del Estado.
Para tales propósitos, dispuso la creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social.
Indicó que la comisión presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que concentre, gestione y supervise todos los programas.
“Con ello vamos a agilizar los procesos administrativos, racionalizar el desempeño, limitar la discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones y convertir las ayudas a la ciudadanía en un derecho y no en una limosna”, justificó.
Manifestó que, con carácter de urgencia, se desarrollarán las acciones que permitan a todos los ciudadanos disponer de toda la información pública relativa al estado de su dinero y sus ayudas, por parte de quienes las reciban.
Con relación a los funcionarios públicos que harán posible este cambio, garantizó que honrará el mandato constitucional relativo al establecimiento de criterios para asegurar una remuneración equilibrada de todos los cargos del sector público, incluyendo los de alto nivel.
“Velaré por la aplicación de la Ley sobre Regularización Salarial del Estado dominicano y la indexación de los niveles salariales según el Índice de Precios al Consumidor del Banco Central”, precisó.
El mandatario anunció la creación del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público
Detalló que este órgano articulará los compromisos del Gobierno con el fortalecimiento de la ética en la Administración pública, formulará las estrategias necesarias para ello.
Aseguró que procurará la integración de la sociedad civil en esta causa y promoverá una agenda de cambios y transformaciones en las sanas prácticas de la administración, de la mano con los avances tecnológicos en la lucha contra la corrupción.
Informó que mediante un decreto firmado esta tarde, dispuso que el gabinete sea presidido por la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y con la dirección ejecutiva de Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas.
Dijo que además lo integrarán el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuesto y la Unidad de Análisis Financiero de la República.
Portal y Ley de Publicidad
El presidente anunció que trabajan para la creación de un portal único de transparencia que recogerá toda la información relativa a la actividad del Gobierno con acceso ilimitado de los ciudadanos a su contenido.
Promoverá, además, la aprobación de la Ley General de Publicidad Estatal para establecer los criterios en el uso de los recursos que el Gobierno destina a la publicidad y para fiscalizar la transparencia en la contratación de esos servicios.
“Esta ley buscará la prohibición del uso de recursos públicos para promover causas ajenas al bienestar general”, afirmó.
Indicó que otra de la iniciativa es impulsar, en lo inmediato, la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública para que sus disposiciones se ajusten al estándar interamericano, con la finalidad de que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información como garantía constitucional de control social y estabilidad democrática.
El gobernante anunció la creación de una Subdirección Antifraude, dependiente de la Contraloría General de la República, que se encargará de la realización de inspecciones permanentes en todas las áreas de Gobierno.
Igualmente, impulsará la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control, procurando también que se realicen las auditorías periódicas de rigor, debiéndose dar a conocer los resultados de estas dentro de los 60 días de realizadas.
Expresó que procurarán la modificación de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, a fin de que se realicen auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones de carácter público.
En los próximos meses Abinader dijo que apoyará a los legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución de la República.
Puntualizó que este plan de reformas también establecerá reglas claras y transparentes para competir electoralmente, con un control sobre el origen de los fondos con los que se organizan las campañas electorales.
Reforma Constitucional
El presidente afirmó que asumió el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante para la independencia del Ministerio Público y que se convierte en un legado institucional duradero.
Informó que se trata de una reforma de carácter constitucional, como había advertido desde su programa de Gobierno, para fortalecer la independencia del Ministerio Público y hacer más seguros y legítimos los procesos de reforma constitucional.
“Hemos dado un primer y significativo paso al designar a una Procuradora General de la República sin militancia partidaria y con una trayectoria en el sector justicia que habla por sí misma. Pero, soy consciente de que eso no es suficiente”, insistió.
