Santo Domingo.- Irregularidades cometidas en el Plan Social de la Presidencia e Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), son los nuevos que el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, pone en manos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Pimentel, dijo que los expedientes entregados a la procuradora Miriam Germán Brito involucra violaciones en procesos de compras en ambas instituciones, en violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
Señaló que en 2016, el Inaipi incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06, mediante procedimientos de urgencia de los cuales «no se tiene ninguna evidencia», con un costo para el Estado unos RD$ 208.05 millones.
Destacó que mediante una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, los pagos emitidos por el Inaipi se realizaron por concepto de equipos de comunicación, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.
El otro expediente relacionado al instituto, detalla presuntas irregularidades detectadas en el 2018, en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01, mediante el cual se suministraría y distribuiría leche escolar a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional.
Asimismo, Pimentel sostuvo que el Inaipi adjudicó de manera irregular contratos millonarios a compañías relacionadas entre sí por montos superiores a RD$ 60 millones, afirmando que se trataba de compañías que habían cumplido con los requisitos establecidos en el pliegue de condiciones para su adjudicación.
Respecto al expediente del Plan Social de la Presidencia, el director general de Contrataciones Públicas afirmó que en dicha entidad funcionaba una estructura de proveedores y funcionarios de esa institución, que a través de las contrataciones públicas se agenciaban recursos y beneficios de manera ilícita, con la finalidad de «burlar el sistema de Contrataciones Públicas».
Según Compras y Contrataciones, la documentación entregada al titular del Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, indica que desde el año 2019 ha sido identificada una «recurrencia sospechosa» en los procesos de compras y contrataciones del Plan de Asistencia Social de la Presidencia que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.
El órgano rector explicó que estas acciones se traducían en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios, teniendo como única explicación vínculos o acuerdos entre funcionarios públicos y proveedores del Estado.
