Los dominicanos hemos elegido vivir bajo el sistema político de la democracia representativa. El libre mercado es el sistema económico gemelo. Conjuntados, ambos sistemas están supuestos a generar los mayores niveles posibles de libertad y bienestar.
Por eso es necesario chequear reiteradamente su funcionamiento. Y una manera valida de hacerlo es calculando cuánto cuesta un voto, un proxy de los diversos costos de los sistemas. Sin embargo, aquí solo podemos esbozar las pinceladas maestras del cálculo para obtener una aproximación a los verdaderos valores.
Son dos las razones especificas por las cuales nos debe interesar la respuesta a la pregunta del título. Primero porque debemos estar consciente del costo de nuestra democracia para justipreciarla mejor.
Lo segundo es que nos debe interesar para explorar vías de como bajar los costos a fin de gastar más eficientemente el dinero del fisco y de otras fuentes. Con una idea de estos costos podríamos rectificar algunas de las fallas o vicios que son comunes nuestros sistemas político y económico.
Un abordaje apropiado del cálculo es el de las fracciones, donde un denominador nos dice en cuantas partes está dividido el entero y el numerador en cuantas partes del entero vamos a dividir. Así el denominador sería el total de lo gastado para materializar una votación, mientras el numerador sería el universo de votantes en una elección.
En otras palabras, para saber el costo de un voto dividiríamos lo gastado entre el número de votantes y así obtendríamos un per cápita. Por supuesto, la confiabilidad de los resultados tendrá mucho que ver con la fiabilidad de los datos usados.
Tanto para determinar lo gastado como al número de votantes hay que discriminar muchos factores. Debemos primero decidir de cual voto se trata, o lo que es lo mismo, de que episodio electoral. Un buen caso sería el de aproximar el costo del voto basando los cálculos en la elección del presidente de la república, sin que cuente la duración del periodo de gobierno.
El próximo paso será el de decidir si debemos hacer los cálculos sobre el número de votantes que sufragó o si, por el contrario, el costo del voto aplicaría para el universo o padrón electoral. (En las elecciones del 2016 los votos emitidos fueron unos 4.7 millones, mientras el padrón llegaba a los 6.8 millones (file:///C:/Users/Juan%20Llado/Downloads/Datos%20Generales%20del%20Padr%C3%B3n%20Electoral%202016%2011-02-2016%20(1).pdf).
La lógica dice que los sufragantes son el mejor numerador, aunque también podría tomarse el universo o padrón. La participación en las elecciones presidenciales del 2016 fue de un 69% (contando los votos emitidos y no los válidos (https://acento.com.do/2016/elecciones2016/8352875-jce-divulga-conteo-final-definitivo-las-elecciones-generales/).
Pero no es posible predecir con exactitud la participación electoral para una futura elección. De ahí que, sabiendo el número de empadronados, habría que proyectar los votantes sobre la base del promedio de una serie histórica del porcentaje de votantes (o tasa de participación).
De cualquier modo, son tantos los imponderables que determinan la participación que deberemos estar consciente de que el ejercicio de estimar el costo de un voto comienza así a ser bastante teórico. Mas inasible todavía sería el cálculo relativo a las candidaturas congresuales y municipales.
El reto de calcular el denominador –lo gastado– comporta aun mayor complejidad. Lo primero que habría que decidir es si el “costo de un voto” debe calcularse sobre la base de un año calendario o de un periodo electoral.
Si es sobre lo primero hubiera entonces que decidir qué año tomar como referencia. Parece obvio que el año de la elección es el mas pertinente, pero tomar solo ese año equivaldría a ignorar todo el gasto precedente.
Lo más lógico seria calcular el costo para cada año de un periodo de gobierno y luego calcular la suma, derivando así un costo total por periodo de gobierno. Un solo año no sería representativo.
Lo siguiente entonces sería identificar cuáles son los componentes del gasto para cada uno de los cuatro años del periodo de gobierno. Resulta claro que el presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE) debe contabilizarse primero. Luego vendría el costo del Tribunal Superior Electoral, un componente de apoyo al sistema de votación que es parte integral del sistema democrático. (Para el 2019, un año pre-electoral, el presupuesto de la JCE es de RD$6,997 millones, mientras para el TSE es de RD$600 millones.) Los gastos atribuibles a esos dos pilares del sistema electoral deberán incluir también las partidas extra que el gobierno les concede, como cuando es necesario comprar equipos nuevos o, como el caso de ahora, pagar los gastos de las primarias de los partidos.
Otros costos del voto incluirían también los derivados de acciones de inconstitucionalidad y/o recursos de amparo que podrían elevarse ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Superior Administrativo.
Asimismo, el funcionamiento del sistema político que hace posible la votación involucra a muchas instancias gubernamentales y habría que identificar sus acciones especificas que son relevantes y costearlas para complementar la contabilidad del voto. Un ejemplo sería el de los servicios de seguridad que presta la Policía Nacional durante las votaciones.
Pero tampoco estaría completa la contabilidad de los costos si no incluimos los relativos al funcionamiento de los partidos políticos. A lo que la JCE les asigna como apoyo a sus operaciones habría que sumar los gastos extra que realizan los partidos en actividades puntuales que desbordan los límites de lo otorgado por la JCE (ya contabilizado en su presupuesto anual).
Es bien conocido que los partidos reciben además contribuciones financieras de diversas fuentes, incluyendo algunas non sanctas. Habría entonces que estimar el monto de esas contribuciones y desligarlas de los gastos en las actividades institucionales.
Es probable que una apreciable cantidad se cuele a los bolsillos de los militantes sin pasar por los canales institucionales. ¿Contabilizaríamos esos recursos como costos del voto?
Un costo adicional de las elecciones que algunos podrían contradecir, pero que está directamente vinculado al ejercicio del voto, es el “desguañangue” de las finanzas publicas que, en nuestro país, suele darse durante el año electoral. (El mejor ejemplo fue el colosal déficit fiscal incurrido en el 2012.)
Aunque el gobierno tiende arreglar la carga en el camino, esos desfases del gasto público tienen costos financieros que, a su vez, afectan el funcionamiento de la economía. Si un mayor gasto publico estimula la actividad económica, por el otro lado también puede causar una recesión cuando se descontinua el nivel del gasto.
Finalmente, tendríamos que ponderar el costo de las dislocaciones económicas que se suscitan durante los periodos de elecciones. Todos sabemos que muchas decisiones de los agentes económicos son pospuestas o dilatadas hasta ver quien sale electo, en vista de que los lazos del agente con los elegidos afectarían subsecuentemente sus costos de operación. No cabe duda de que el entramado de decisiones privadas ligadas a las votaciones impacta a toda la economía y afecta su funcionamiento.
¿Cómo estimar los costos atribuibles a eso? Queda claro que el cálculo del costo de un voto no puede circunscribirse a los presupuestos de los órganos estatales ni a los partidos.
El ejercicio de la democracia en una economía de mercado tiene múltiples costos que desbordan los institucionales. La impresión que el esbozo aquí dibujado deja es que el costo de un voto –y por ende de nuestra democracia– es muy alto (https://www.diariolibre.com/opinion/am/una-democracia-demasiado-cara-FE12077570). Para juzgar cuan alto o cuan bajo deba ser se requeriría de comparaciones internacionales y no creemos que existan los datos que permitan hacerlas.
Localmente, habrá que ver si la nueva tecnología digital y la inteligencia artificial, ligados a un ejercicio más racional de las operaciones electorales, permitirían hacer más eficiente el gasto.
