SANTO DOMINGO, RD. –
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió este viernes una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar acusación contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros imputados por el presunto entramado de corrupción que habría desfalcado con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El juez Deiby Timoteo Peguero determinó que la extensión del plazo solicitada por el órgano acusador está justificada y estableció como nueva fecha límite el 11 de diciembre.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el próximo 25 de septiembre.
Ministerio Público advierte que investigación sigue abierta
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que las investigaciones continúan activas y que no están limitadas a las personas que inicialmente fueron sometidas a la Justicia.
Ortiz sostuvo que será al momento de depositar la acusación cuando se conocerá el alcance definitivo de las investigaciones.
La representante del Ministerio Público aseguró que el órgano persecutor continúa trabajando y que presentará los resultados de las pesquisas, conforme avance el proceso.
Buscan analizar miles de documentos y operaciones
La solicitud de prórroga fue depositada el pasado 10 de agosto y presentada ante el tribunal por la fiscal Rosa Alba García, quien explicó que el expediente contempla varias líneas de investigación.
Entre los aspectos que han requerido más tiempo se encuentra la custodia y almacenamiento de documentos de una empresa privada, situación que, según el Ministerio Público, obstaculizó la continuidad de las pesquisas.
Ante esa circunstancia, el órgano acusador tuvo que solicitar una orden de allanamiento para acceder a aproximadamente 15 mil cajas de documentos.
El Ministerio Público argumentó además que necesita tiempo adicional para analizar cientos de miles de operaciones, así como profundizar en las investigaciones relacionadas con la cantidad de personas involucradas y la gravedad de los hechos bajo pesquisa.
Mantienen prisión preventiva a varios imputados
El tribunal también rechazó solicitudes presentadas por algunas de las defensas y decidió mantener la prisión preventiva como medida de coerción para varios de los imputados en el proceso.
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción había ratificado la prisión preventiva de 18 meses contra Hazim Albainy, señalado por el Ministerio Público como uno de los principales responsables del supuesto entramado.
La misma medida pesa sobre Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
En el caso de Ada Ledesma Ubiera, la prisión preventiva fue variada por arresto domiciliario debido a razones de salud.
Otros imputados en el expediente son Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes enfrentan medidas de coerción distintas a la prisión preventiva.
También figura como procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó el pasado 30 de julio la prisión preventiva de 18 meses.
Operación Cobra
El proceso judicial se originó con la denominada Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público desmanteló lo que define como una estructura criminal que habría operado dentro y alrededor de SeNaSa.
De acuerdo con la acusación preliminar del órgano persecutor, los involucrados habrían afectado el patrimonio público y, consecuentemente, a los afiliados de la principal administradora de riesgos de salud pública del país.
Entre los delitos atribuidos figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que durante la investigación ha obtenido evidencias relacionadas con sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico, que presuntamente habrían sido utilizados para desviar recursos.
La institución calificó el caso como un esquema de corrupción sistemático que habría involucrado a funcionarios de SeNaSa y prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
La nueva prórroga permitirá al Ministerio Público continuar con el análisis de las evidencias y ampliar las pesquisas antes de presentar la acusación formal ante el tribunal.
