El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) disparó las alarmas este lunes al calificar como un «golpe bajo» la aplicación de la Ley 98-25, la cual, según la entidad, pone en jaque la supervivencia de las organizaciones sin fines de lucro (ONGs) e instituciones religiosas en el país.
El pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente del CODUE, advirtió que gravar los ingresos de estas entidades como si fueran utilidades empresariales desconoce su naturaleza jurídica.
Según el líder evangélico, esta medida debilita directamente la labor social, educativa y humanitaria que estas organizaciones realizan en las comunidades más vulnerables, incluyendo las de la región Sur.
Ley 122-05 vs. Ley 98-25: Un choque legal
Lacen enfatizó que la aplicación de esta normativa entra en franca contradicción con la Ley 122-05, que regula a las asociaciones sin fines de lucro (ASFL).
“En derecho existe un principio fundamental: la norma especial prevalece sobre la norma general”, explicó Lacen.
El dirigente recordó que el artículo 50 de la ley especial de las ASFL establece exenciones de tributos siempre que no se distribuyan beneficios.
Por ello, considera que la Ley 98-25, de carácter general, no debería aplastar los derechos adquiridos de las organizaciones que sirven al pueblo.
Reformas «por debajo de la mesa»
Para el CODUE, existe la percepción de que el Gobierno está aplicando una «reforma gradual» a través de medidas administrativas que no pudieron consensuarse previamente.
Entre estas cargas económicas adicionales, Lacen citó:
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Aumento en el costo de documentos oficiales (como certificados de buena conducta).
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Ajustes en los seguros.
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Nuevos mecanismos de recaudación que asfixian el presupuesto de las familias y las instituciones sociales.
La entidad hizo un llamado a revisar la interpretación de la norma para evitar que el trabajo humanitario en los barrios y campos dominicanos se detenga por falta de recursos.
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