Organizaciones ambientales dominicanas e internacionales expusieron ante la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, en Washington, D.C., los graves impactos ambientales del proyecto energético en Manzanillo, que incluye la ampliación del puerto, dos plantas eléctricas a gas natural licuado y una terminal con buque regasificador flotante (FSRU), actualmente en fase de construcción en el municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi.
Durante la reunión, celebrada la mañana del martes 13, representantes de organizaciones dominicanas, de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles y del Centro de Información Bancaria (BIC), advirtieron sobre los efectos negativos que estas obras generan en uno de los ecosistemas costeros más frágiles y biodiversos de la República Dominicana.
Proyecto financiado por banca internacional
En 2025, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su brazo privado BID Invest, junto al Gobierno dominicano, aprobó la rehabilitación del puerto de Manzanillo, la construcción de dos plantas de gas natural licuado con capacidad de entre 800 y 860 megavatios, así como líneas de transmisión eléctrica para su integración al sistema nacional.
El megaproyecto, ejecutado por consorcios privados como Manzanillo Gas & Power y Manzanillo Energy, supera los 1,750 millones de dólares en inversión, financiados en gran parte por el BID y entidades financieras internacionales como Citibank y JP Morgan.
Falta de información y destrucción ambiental
El profesor Enrique de León, en representación del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), denunció la escasa transparencia y la falta de información pública sobre el avance real del proyecto y su financiamiento.
Alertó sobre la desaparición de más de 500 mil metros cuadrados de bosque seco costero, incluyendo uvas de playa y especies endémicas, lo que deja expuestos los manglares del Estero Balsa, un ecosistema clave para la biodiversidad marina.
Asimismo, señaló la ocupación de la playa pública de Manzanillo, la desaparición progresiva de la pesca artesanal —principal sustento de numerosas familias— y el desplazamiento de comunidades sin compensación adecuada.
Riesgo para manglares y humedales protegidos
De León expresó profunda preocupación por los impactos futuros durante la operación del proyecto, al ubicarse en un ecosistema cerrado que alberga la mayor concentración de manglares del Caribe insular, protegido además por la Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional.
Responsabilizó al Gobierno dominicano por priorizar la expansión del gas natural en lugar de las energías renovables, en contradicción con los compromisos climáticos asumidos por el país y con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que promueve la sustitución de combustibles fósiles importados.
Exigen participación comunitaria real
El académico exhortó al BID Invest a garantizar la participación activa de las comunidades afectadas y de la sociedad civil, mediante un monitoreo independiente y permanente de los impactos ambientales, así como la elaboración de un plan integral de desarrollo local, remediación ambiental e indemnización justa.
Dicho plan, advirtió, debe contar con presupuesto suficiente a mediano y largo plazo, que cubra toda la vida útil del proyecto.
Contaminación con efectos transfronterizos
Por su parte, Carolina Sánchez, de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, junto a representantes del BIC, alertaron que este proyecto podría convertirse en un obstáculo estructural para la transición energética de la República Dominicana y el cumplimiento de las metas de neutralidad de carbono al 2030.
Indicaron que la contaminación generada tendría efectos transfronterizos, afectando a Haití, ubicado a apenas un kilómetro, y a Cuba, debido a las corrientes marinas de la Bahía de Manzanillo.
Advirtieron que el tránsito de buques de gran calado cargados de gas natural licuado y las operaciones de regasificación representan un riesgo extremo para la vida marina, y que un eventual derrame de hidrocarburos provocaría una catástrofe ambiental irreversible.
Los funcionarios de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos agradecieron las informaciones presentadas y formularon preguntas sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto.
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