A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso prisión preventiva como medida de coerción contra un agente de la Policía Nacional, imputado por el homicidio de un joven ocurrido en el barrio La Ceibita, del sector Pekín.
La jueza Yiberty Polanco Herrán dictó la medida contra el agente Jersin Encarnación Vicente, señalado como el responsable de la muerte de Miguel Antonio Miranda Flete, de 23 años de edad, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante una intervención policial.
De manera provisional, el imputado enfrenta cargos por violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican el delito de homicidio. El tribunal ordenó que la prisión preventiva, sujeta a revisión obligatoria cada tres meses, sea cumplida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Durante la audiencia, la fiscal litigante Heidys de León, en representación del Ministerio Público, expuso que el agente policial disparó su arma de reglamento, impactando directamente en la cabeza de la víctima, lo que posteriormente le causó la muerte.
Los hechos ocurrieron el 25 de diciembre de 2025, alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el imputado, acompañado de otros agentes, acudió al lugar en respuesta a un llamado de la comunidad por una fiesta que generaba contaminación sónica.
De acuerdo con la investigación del órgano persecutor, encabezada por el procurador de corte Gerardo Ponce, director del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía de Santiago, al llegar los agentes la situación se tornó violenta, por lo que se utilizaron bombas lacrimógenas para intentar controlar el escenario.
En ese contexto, Encarnación Vicente realizó un disparo con su arma de reglamento, una pistola Glock 17, calibre 9 milímetros, que impactó a Miranda Flete en la cabeza. El joven permaneció en estado crítico durante varios días y falleció el 29 de diciembre de 2025, mientras recibía atenciones médicas.
La Fiscalía depositó ante el tribunal un conjunto de pruebas consideradas determinantes, entre ellas testimonios coherentes de testigos presenciales, evidencias documentales, periciales y materiales, así como una prueba audiovisual en la que se observa el momento en que el imputado dispara contra la víctima.
El caso ha generado atención pública y se enmarca dentro de los esfuerzos del Ministerio Público por establecer responsabilidades penales en hechos que involucran a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.
