Xavier Carrasco
El gobierno dominicano atraviesa una coyuntura delicada a raíz del proceso judicial vinculado al caso SENASA. En este contexto, el mediatismo ha terminado por imponerse sobre la gestión gubernamental, sacándole ventaja en la disputa por la opinión pública y dejando al Estado en una posición reactiva, más defensiva que propositiva, en una clara muestra de la batalla comunicacional del gobierno dominicano.
Esta realidad obliga a reflexionar sobre las acciones que debe asumir el gobierno para fortalecer su validación social frente a un tema que fue bandera central del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la campaña electoral de 2020: la lucha contra la corrupción.
Es innegable que durante la actual gestión varios funcionarios han sido señalados y procesados por presuntos actos de corrupción, lo que ha generado descontento, desconfianza y cuestionamientos legítimos desde amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, también es justo reconocer que el manejo político de estos casos por parte del presidente de la República marca una diferencia sustancial respecto al pasado reciente.
A diferencia de gobiernos anteriores, donde los funcionarios acusados eran sistemáticamente protegidos desde el poder político y los expedientes se diluían entre silencios y maniobras institucionales, hoy se observa un patrón distinto: los procesos avanzan sin blindajes evidentes y sin la intervención directa del Poder Ejecutivo para obstaculizar la acción de la justicia.
La batalla comunicacional del gobierno dominicano y la lucha contra la corrupción
Este cambio de paradigma, aunque imperfecto y aún en construcción, constituye un elemento que no puede ser ignorado en el análisis político del momento que vive el país. No obstante, el problema del gobierno no es exclusivamente jurídico; es, sobre todo, comunicacional y social, una condición que define hoy la batalla comunicacional del gobierno dominicano.
El gran reto del gobierno en estas coyunturas, aunque complejo, no es insuperable. Se impone una reinvención de la gestión pública, profundizando el cumplimiento de las demandas sociales más sentidas. La economía debe impactar de manera más directa en la vida cotidiana de la gente; los programas sociales deben cumplir su rol con mayor eficacia y visibilidad; y la inversión en infraestructura —carreteras, centros educativos, hospitales y obras comunitarias— debe convertirse en una prioridad tangible, no solo discursiva.
Asimismo, resulta fundamental el papel que deben asumir los actores de primera línea del PRM dentro del gobierno. El año 2026 debe marcar un punto de inflexión: quienes salgan en defensa de la obra gubernamental deben ser figuras que representen, de manera creíble, los intereses históricos del partido y que no arrastren cuestionamientos sobre su vida pública o su ejercicio en funciones estatales.
En ese mismo orden, el rol del presidente de la República es determinante en la designación de funcionarios verdaderamente comprometidos con la causa que representan. No se trata de lealtades circunstanciales ni de beneficios momentáneos, sino de convicción, coherencia y sentido de responsabilidad histórica frente al país.
La batalla contra la corrupción no solo se gana en los tribunales; también se gana en la calle, en la percepción ciudadana y en la capacidad del gobierno de comunicar con hechos, coherencia y resultados. Hoy, esa batalla comunicacional está en riesgo de perderse, especialmente en el terreno de la confianza ciudadana que define la batalla comunicacional del gobierno dominicano.
“Un gobierno puede tener la razón jurídica, pero si pierde la confianza social, pierde la batalla más importante.”
