Un tribunal de la provincia Santiago impuso medidas de coerción a los 11 policías imputados de asesinar a 5 personas la tarde del pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita.
La decisión del tribunal fue tras ponderar la investigación preliminar del Ministerio Público y establecer la gravedad de los hechos, que involucra a los efectivos policiales.
La decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago declara el proceso de tramitación compleja e impone prisión preventiva al raso José Octavio Jiménez Peña, al sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, al sargento Hairo Mateo Morillo y al cabo Yohandy Encarnación, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Además, impuso una garantía económica de un millón de pesos, a través de una compañía aseguradora, impedimento a salir del país y presentación periódica contra los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
El tribunal acogió también la solicitud del Ministerio Público al autorizar una orden de protección en favor de las víctimas y testigos del proceso.
Los policías están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Al salir de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, enfatizó el compromiso del Ministerio Público con la investigación. “Desde el principio nos hemos comprometido, ya investigamos y procesamos estos hechos que produjeron cinco muertos, y es necesario que se haga justicia”, expresó.
Una de las cosas que estableció el tribunal fue la gravedad de estos hechos, señaló Camacho, quien estuvo acompañado en audiencia por las fiscales de Santiago, Quirsa Abreu Peña (titular) y Yeny Liranzo, así como por el procurador de corte de la Dirección de Persecución Héctor García.
“Es importante, a partir de estos hechos, que aprendamos que, como sociedad, nos aseguremos de prevenir que hechos de esta naturaleza no se repitan”, dijo.
La audiencia, donde la jueza Yerixa Cabral de la Cruz impuso las medidas de coerción, duró más de seis horas con dos recesos de aproximadamente media hora cada uno.
El Ministerio Público ha establecido en el proceso que luego de cometer el hecho, los imputados desarrollaron una serie de acciones con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación posterior.
Después de que sucedió el hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal titular de Santiago para que realizaran una investigación para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma”.
El caso recibió la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
Los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros: un Mazda y un Honda Civic) y una KIA, modelo K5, del año 2013, se estableció en la solicitud de medida de coerción.
Señala que los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas en presencia de una persona testigo que pudo grabar lo sucedido y a quien los imputados le quitaron su teléfono móvil.
Además, detalla que sustrajeron los DVR de los negocios del lugar del hecho, “así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación”.
Incluso, agrega la instancia, llamaron al propietario de un negocio que estaba cerrado solo para que le entregara el DVR del local, el cual tomaron y se lo llevaron.
