La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, planteó la necesidad de que el país, como en toda América Latina y el Caribe, se fortalezca la justicia que tutele más a las víctimas en su dimensión de sujeto procesal, que proteja sus derechos y gestione una reparación oportuna de daños.
Recordó que muchos libros y artículos que se escribieron en América Latina se enfocaron sobre la base de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad o imputadas o acusadas en un proceso, sin considerar los derechos de las víctimas.
Sostuvo que los imputados tienen las garantías del debido proceso, lo cual resulta de vital importancia en un Estado de derecho. “Pero nosotros nos olvidamos que las víctimas existen; y que son un sujeto procesal; no de un nivel inferior. Nuestro Código tiene dos principios, que son igualdad entre las partes y ante la ley”, indicó.
“Pero nosotros, hemos pensado el ´debido proceso´ en función del imputado. No de los sujetos procesales”, abundó.
“Y debido proceso para el privado de libertad, que lo tiene, yo no se lo voy, jamás, a dejar de reconocer y abogo porque exista, eso es parte de un Estado de derecho; pero las víctimas también requieren una tutela efectiva de sus derechos”, sostuvo.
“Y cuando nosotros pensamos, inclusive, en la duración de la prisión preventiva, que es una parte importante del debido proceso, también debemos pensar que ese mismo tiempo tiene una víctima que no tiene acceso a una decisión”, enfatizó.
La Procuradora General de la República se refirió al tema al participar como invitada del Poder Judicial en un panel jurídico junto al costarricense Juan Carlos Astúa Jaime, director País del National Center for State Courts, y el colombiano Gerardo Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. El panel, celebrado en el Hotel El Embajador, estuvo moderado por Berenice Barinas, directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental.
Reynoso planteó que el sistema de justicia se fortalece si piensa en el debido proceso contemplando a todos los sujetos procesales. En ese contexto, explicó que América Latina tiene una “deuda histórica con las víctimas”. “La reparación no existe en América Latina como una figura. Y cuando vamos a buscar jurisprudencia de reparación y doctrina de reparación, es casi nula”, indicó.
“Entonces, le estamos, a una parte importante del proceso, negando un derecho que tienen en el proceso, así como lo tienen las personas privadas de libertad”, sostuvo.
Reynoso dijo que su gestión en la Procuraduría General de la República se enfoca en diseñar un servicio en función de las necesidades de la ciudadanía, conforme al mapa de la criminalidad y atendiendo a las dificultades de acceso de la ciudadanía al sistema de justicia.
“En función de esta realidad fue que diseñamos, y el Consejo Superior del Ministerio Público ya aprobó, 24 fiscalías comunitarias, que ya se inauguró una en Sosúa, la próxima es en La Guáyiga, luego será en Boca Chica”, indicó.
“Es donde nos dice el análisis de los indicadoras que es necesaria. Es donde las circunstancias objetivas del territorio dice que se requiere una fiscalía comunitaria donde la población pueda venir a pie, en sandalias, popularmente los dominicanos decimos, en chancletas. Porque la justicia tiene que tener ese nivel de accesibilidad”, sostuvo Reynoso.
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