La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, ha sido recusada por el Ministerio Público por su supuesta «abierta parcialidad» en la audiencia preliminar contra Hugo Beras, José Gómez y otros implicados en la red de corrupción que estafó al Estado dominicano mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos para el Gran Santo Domingo.
El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el Ministerio Público procedió con la recusación sobre la base de su «parcialidad manifiesta a favor de los imputados».
Afirmó que la jueza Patricia Padilla se ha mostrado con abierta parcialidad en favor de los imputados del proceso de Hugo Beras, José Gómez y compartes, favoreciendo a José Gómez con permisos para viajar a Disney World, Panamá y otros destinos, pese a su impedimento de salida.
De igual forma, Padilla ordenó devolver las armas de fuego en poder de José Gómez, pero a nombre de terceros.
“Contradiciendo decisiones anteriores de otros casos en los que bajo circunstancias similares no concedió los mismos privilegios”, señaló tras salir de audiencia el representante de la Pepca, quien confía en que la Corte de Apelación del Distrito Nacional ponderará los argumentos del Ministerio Público.
Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Gómez y compartes son señalados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Son imputados, además, en el caso: Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intran y Carlos José Peguero Vargas.
Durante la operación puesta en marcha contra la estructura delictiva el Ministerio Pública allanó residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En las acciones participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
En los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público. Por esta razón, el órgano persecutor ha calificado la operación contra esta estructura delictiva como una de las “más exitosas” contra el crimen organizado.
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