La política de protección de datos del Poder Judicial pudiera beneficiar a jueces, pero impide a la ciudadanía y a la prensa acceder a información, «un derecho fundamental» de toda la ciudadanía interesados en buscar información o recibir algún datos del Estado.
Así lo cree el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), que expresó preocupación en ese sentido, a través de su presidente, el pasto Feliciano Lacen Custodio.
Lancen Custodio, sostuvo que el derecho fundamental a la protección de datos personales deriva directamente de la Constitución y atribuye a los ciudadanos un poder de disposición sobre sus datos, de modo que, en base a su consentimiento, puedan disponer de los mismos, artículo 44, de la Constitución, numeral 2.
Si comprendemos que el acceso a la información pública es prerrogativa que permite a la ciudadanía conocer cualquier tipo de información generada por el Estado y su administración pública, se estaría estableciendo como premisa que a través de este derecho los ciudadanos pueden ejercer su “ciudadanía”, sustento básico de la democracia.
Favorece, en ese sentido, la posición de rechazo de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), cuyo intento de legislar contraviniere el derecho al acceso público a los expedientes judiciales, además, de fomentar la opacidad judicial al otorgar a la SCJ un excesivo poder discrecional para ocultar información esencial para la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas.
“El acceso a la información cobra una nueva dimensión porque, además de ser un derecho de los ciudadanos, fortalece directamente a los gobiernos democráticos, y se convierte al mismo tiempo en un mecanismo de autocorrección y aprendizaje, en la medida que facilita la interacción de los ciudadanos con el gobierno y la administración pública”, añadió Feliciano Lacen.
Dijo, además, “que muchas veces se quieren tomar decisiones sin la colaboración y la sociabilización con los sectores, de manera que la población esté nutrida de lo que está pasando. Las cosas han cambiado, ya no se gobierna cómo se gobernaba antes y las instituciones, los políticos y los funcionarios tienen que estar conscientes de eso» .
El presidente del CODUE, ve con suma preocupación que esta medida se produce en momentos en que el país tiene el gran reto de combatir la corrupción, el crimen organizado, así como delitos tan graves como la trata de personas, el lavado de activos, los feminicidios y la pedofilia, que tanto daño hacen a la sociedad.
