El Ministerio Público depositó este lunes la solicitud de medida de coerción contra un hombre acusado de amenazar al presidente de la República, Luis Abinader, a través de un video colgado en las redes sociales. El acusado responde al nombre de Stalin Silvestre Corporán.
En su solicitud el órgano persecutor solicita la imposición de prisión preventiva contra el acusado por entender que este “No cuenta con las garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, debido a que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga”.
En el documento, depositado ante el Tribunal de la Instrucción de la provincia San Cristóbal, la fiscalía de esa provincia otorga la calificación jurídica provisional de ofensa al jefe de Estado y amenaza agravada; estos delitos están tipificados en los artículos 86 y 307, respectivamente, del Código Penal dominicano.
Tras su detención, a Silvestre Corporán un teléfono celular marca Iphone, modelo XR, color blanco, desde el cual se habría gravado el vídeo de la amenaza al mandatario y posteriormente se habría subido dicha amenaza a la red social de Tiktok, en la cuenta de usuario identificada como @Estarlindhdtok.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el hecho habría ocurrido el pasado domingo, 14 de julio del año en curso, alrededor de las 12:00 p.m. Asimismo, la solicitud establece que Stalin Silvestre Corporán se entregó a las autoridades ese mismo día a las 1:58 p.m. en el destacamento zonal de los Bajos de Haina, siendo arrestado inmediatamente.
Se recuerda, que Stalin Silvestre Corporán publicó un video en el que amenazaba con “..darle por la cabeza” al presidente Abinader, en una alusión a lo sucedido con el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, quien sufrió un atentado contra su vida mientras se encontraba dando unas declaraciones en una actividad política.
El Ministerio Público está a la espera de que el tribunal inicie formalmente el debido proceso contra el acusado, que se mantiene bajo la custodia del sistema de justicia donde se le garantizan sus derechos e integridad.
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