El Tribunal Constitucional (TC), comunicó a Angel Lockward la sentencia definitiva que obliga al gobierno a pagarle más de RD$12 millones como resultado de una astreinte impuesta por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), ante la negativa del Ministerio de Obras Públicas de entregar un plano de un área verde en Puerto Plata, violando la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
La sentencia del TSA fue recurrida por Obras Públicas ante la Suprema Corte de Justicia, que rechazó el recurso y luego llegó al Tribunal Constitucional, convirtiéndose en sentencia definitiva marcada con el número TC-0951-23.
En cuanto a la forma, la alta corte admitió el recurso de Obras Públicas, pero en cuanto al fondo, confirmó la sentencia de la Suprema, ordenó la comunicación y declaró el proceso libre de costas.
El impase
Según la síntesis del conflicto que acompaña la decisión del TC, Lockward solicitó al Ministerio de Obras Públicas la entrega de información relativa a los planes de desarrollo y aprobación de planos correspondientes al área turística de Cofresí, Puerto Plata.
No obstante, esta solicitud fue rechazada por la directora de la Oficina Central de Tramitación de Planos del Ministerio de Obras Públicas , señora Ana María Terrero, alegando que lo solicitado respondía a información protegida por derechos de autor, y de carácter confidencial e íntimo de los propietarios y habitantes del área.
Ante esa negativa, el veintitrés 23 de noviembre de 2018, Lockward radicó una acción de amparo logrando la sentencia 030-02-2019-SSEN00061, dictada por la Primera Sala del TSA el 21de febrero 2019, que ordenó la entrega de la información requerida.
Esa decisión fue recurrida por Obras Públicas, que interpuso un recurso de revisión constitucional de amparo, pero fue declarado inadmisible por extemporáneo mediante Sentencia TC/0105/20, el 12 de mayo de 2020.
El 21 de septiembre de 2020, Lockward solicitó la imposición de astreinte ante el Tribunal Superior Administrativo en base a la Sentencia núm. 030-02-2019-SSEN00061, lo que resultó en la Sentencia núm. 030-02-2021-SSEN-00124, del 12 de marzo de 2021, que impuso al Ministerio de Obras Públicas una astreinte de 10.000 pesos por cada día de retardo en cumplir con lo ordenado por el TSA.
En esa situación, Obras Públicas interpuso un recurso de casación ante la Suprema Corte el 27 de abril de 202, que fue rechazado por la Tercera Sala el 13 de diciembre de 2021 por la sentencia número 033-2021-SSEN-01263.
