El Gobierno justificó la enorme cantidad de asesores nombrados en la administración pública, argumentando aparecen en esa categoría por un “error burocrático”, pero que «ejercen la función» de directores dentro de esos órganos.
“Ese es un dato que es una confusión porque esas personas ocupan posiciones de dirección, eso es un tema burocrático con el MAP (Ministerio de Administración Pública) pero esas personas están en ejercicio continúo y constante. Son personas que están trabajando, son directores, pero por asunto burocrático se le da esa denominación”, dice el vocero del Gobierno, Homero Figueroa, al término de una reunión del Consejo de Gobierno.
El medio Panorama mediante un reportaje dio a conocer que varias instituciones destinan millones de pesos en su nómina cada mes para pago de «asesores».
El medio de comunicación establece que, Tony Peña, titular del Gabinete Social; Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Industria y Comercio; Milagros Germán, ministra de Cultura y Jesús “Chu” Vásquez, ministro de Interior y Policía son los titulares de las entidades públicas que más gastan en asesores, sobrepasando entre todos los RD$ 8 millones al mes.
Pero el Gobierno justificó la cantidad de asesores que hay nombrados en las diferentes instituciones de la administración pública, indicando que aparecen en esa categoría por un “error burocrático”, pero que son personas que ejercen la función de directores dentro de esos órganos.
El tema sale a colación luego de que el MAP emitiera la resolución núm. 184-2024 que establece que las instituciones del Poder Ejecutivo solo podrán nombrar dentro de su estructura organizativa, una cantidad máxima de asesores, equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones o equivalentes que tenga la institución.
Sobre el tema, el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, aseguró que la reciente medida busca racionalizar y transparentar la nómina pública, así como la mejora del gasto, en coherencia con los planes y compromisos del Gobierno de eficientizar la gestión pública.
