El Tribunal Superior Administrativo (TSA), dio un plazo de 30 días al Ministerio de Educación para presentar sus argumentos de defensa frente al recurso interpuesto por la editorial Casa Duarte SRL, que demanda la anulación de la Ordenanza 03-22 por violar los preceptos constitucionales y varias disposiciones legales.
La casa editora afirma que con esta ordenanza el Ministerio de Educación vulnera la Ley General de Educación, la Ley del Libro y Bibliotecas, y los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza normativa de la Ley 107-13, al ordenar la producción de nuevos libros de texto, de manera abrupta, luego de finalizar un proceso de evaluación y aprobación de libros que duró desde el 2018 hasta el 2022.
El Ministerio de Educación deberá presentar sus argumentos de defensa a partir de la fecha de notificación del Auto No. 03273-2023 emitido el pasado 16 del mes en curso por el magistrado Diomede Villalona, Juez Presidente del Tribunal Superior Administrativo.
El recurso de Casa Duarte indica que la ordenanza emitida el 12 de diciembre de 2022 por el Consejo Nacional de Educación, suscrita por el ministro de Educación y presidente del Consejo, doctor Ángel Hernández, incumple los requerimientos legales, al realizarse sin la ejecución de un procedimiento administrativo y sin la participación de las personas afectadas.
Establece, además, que la citada ordenanza viola el debido proceso administrativo, consagrado en los artículos 69.10 y 139 de la Constitución y los artículos 4.8, 4.26, 6.9, 30 y 31 de la Ley núm. 107-13; y vulnera la Ley General de Educación, la Ley del Libro y Bibliotecas, y los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza normativa de la Ley 107-13.
Según la casa editorial la ordenanza debe ser anulada por tres factores: 1) instruye la preparación, selección y difusión de nuevos libros de texto, entre otros recursos educativos; 2) dispone la creación de la “Unidad Editorial del MINERD”, que elaboraría contenidos educativos y trabajaría en coordinación con la Dirección General de Currículo; y, 3) dispone la contratación de autores independientes, instituciones de educación superior, universidades, academias, entre otros, para la elaboración de los materiales educativos del currículo regulado por el Ministerio de Educación.
Casa Duarte, presidida por Pablo Cuello Camilo, es representada por los abogados Olivo Rodríguez Huertas, Boris De León Reyes e Ismael Tavárez Beras.
