Un juez de la Instrucción del distrito judicial de la provincia Hermanas Mirabal, impuso tres meses como medida de prisión preventiva a un hombre que agredió de ocho puñaladas a su expareja en el municipio Tenares.
La medida de coerción fue impuesta por la magistrada Yudelka de León, jueza de Instrucción de esta demarcación, en contra del Luis Sebastián García Santos, por los golpes y heridas causados a Erica Trejo Polanco.
La instancia de solicitud de medida establece que horas antes de ocasionarle las heridas, el pasado 15 de enero, el agresor se había acercado a la señora Trejo Polanco en actitud de asedio. Detalla que, en un abrazo no consentido, le quitó el teléfono celular y dos mil pesos, mientras la mujer se dirigía a llevar a su hija, menor de edad, al hospital municipal de Tenares en busca de asistencia médica.
Agrega que, pasado ese hecho, la víctima se marchó a casa de una amiga ubicada en el sector Cristo Rey del referido municipio y que allí se presentó García Santos pasada la medianoche y, tras agarrarla por el pelo, le propinó varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo.
La denunciante presenta una incapacidad médico legal de 16 días, fruto de las múltiples heridas penetrantes a nivel de antebrazo, muslo y pierna izquierda, según consta en el certificado emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El representante del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Atención a la Víctima de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de esta provincia, fiscalizador Gabriel Pierre Rojas, ha calificado provisionalmente el hecho como violación a los artículos 309, numerales 1, 2 y 3, letras A, C, E y G, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, que tipifica y sanciona la violencia de género e intrafamiliar agravada.
La Fiscalía de Hermanas Mirabal resaltó que una semana antes de este hecho García Santos había sido sometido a la acción de la justicia por su reiterativa conducta violenta, según consta en la resolución penal número 603-2023-SRES-00006, emitida por el Juzgado de Instrucción, que en esa ocasión le impuso una garantía económica y presentación periódica, junto con una orden de alejamiento con respecto a su expareja.
En torno a este caso, la fiscal titular de Hermanas Mirabal, Zoila Rodríguez Ynfante, había manifestado desacuerdo con las garantías económicas concedidas a los agresores en casos de violencia de género.
