“Abinader ahoga los barrios en sangre: ¡Alto a las ejecuciones extrajudiciales!”, afirma el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), en un documento enviado a la prensa, en el que expresa su desacuerdo ante la reciente ola de ejecuciones policiales, luego de que el presidente Luis Abinader llamó el pasado noviembre a delincuentes a entregarse o serían enfrentados en cualquier terreno.
Señalan la muerte del trabajador José Eduardo Peña, de 21 años, ejecutado en Manoguayabo, por un agente de la Digesett, en Santiago, el comerciante Antonio Rodríguez, asesinado en su casa, en horas de la madrugada por agentes policiales, en Los Guandules, Wilkin Medina, murto por miembros policiales y 6 personas ejecutadas en Los Alcarrizos.
Ante denuncia de familiares y vecinos de las personas asesinadas por agentes policiales, el MST considera que estas ameritan una investigación independiente y configuran un patrón de violación de los derechos humanos cuyo responsable es el gobierno.
Considera que el esquema de los intercambios de disparos se utiliza frecuentemente para encubrir las ejecuciones de la Policía, tras señalar que según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se habrían realizado 135 por parte de la PN y las Fuerzas Armadas en 2022.
“Ante el fracaso de la política social, con el consiguiente aumento de la pobreza y la desigualdad, en las últimas semanas el gobierno empezó a resentir las denuncias sobre el auge de la criminalidad. El 19 de noviembre, Abinader asumió una pose de “mano dura”, llamando a los delincuentes a entregarse o serían enfrentados en cualquier terreno. Debió limitarse al terreno de la ley, pero explícitamente habilitó la utilización del terreno de la ejecución extrajudicial al hablar de cualquier terreno”, afirma la declaración.
Según el MST, el gobierno, ya habían fracasado con medidas improvisadas, como una prohibición de venta de alcohol a partir de la medianoche en la provincia Santo Domingo, dictada el 7 de noviembre y levantada posteriormente.
Señaló que, posteriormente, el 29 de noviembre, Abinader se quejó de que las leyes dominicanas eran demasiado garantistas, “en vez de reconocer que la exclusión, marginación y desigualdad dejan a miles de jóvenes con la emigración y la incorporación a círculos mafiosos como algunas de sus pocas opciones de supervivencia”.
“Después que a fines de 2021, la arquitecta Leslie Rosado fuera ejecutada, el gobierno anunció que continuaría asesorándose con las policías más sanguinarias y corruptas de la región, como las de Chile y Colombia. Los crímenes de la PN continuaron. Este año fue brutalmente asesinado David de los Santos», recuerda.
Señala que nuevamente cobraron fuerza las exigencias de disolver la PN, pero que el gobierno siguió comprometido con esa estructura mafiosa que, a juicio del citado movimiento está inmersa la institución del orden.
Recordó que recientemente, el propio comisionado ejecutivo para la reforma policial, José Vila, admitió que la PN era sistemáticamente corrupta.
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