Felipe Lora
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A pesar de que el agua es el recurso natural más importante del planeta. A pesar de la resolución A/RES/64/292, emitida en el 2010 por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que declaró el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene como un derecho humano.
A pesar de que la ONU expresó en el artículo 4 de esta resolución que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible…”.
Y a pesar de que en la Republica Dominicana el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho fundamental como, lo consagra la Constitución de la República en su Artículo 15 que dice:
“El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación.”
Los representantes del Estado elegidos en los últimos 60 años no han sido capaces de cumplir con las responsabilidades impuestas por la Constitución Dominicana desde la creación de INAPA en el 1962.
Lo que sí han sabido hacer, desde finales de la década de los años 90, es aplicar, al pie de la letra, el proceso neoliberal a todas las empresas, propiedades y recursos del Estado dominicano.
La trampa neoliberal aplicada en República Dominicana es la misma en todo el mundo. He aquí, a groso modo, el proceso:
1. Nos imponen o “elegimos” un gobierno que responda a la clase empresarial. O mejor aún, “elegimos” a un empresario.
2. Se colocan en las secretarias o en posiciones estratégicas a enemigos de esa actividad. Digamos la Salud, o Energía.
3. Se reduce considerablemente las asignaciones presupuestarias al sistema o al servicio público.
4. Descuidan o destruyen, a propósito, la Corporación Estatal o el servicio prestado. Por ejemplo, en salud crean falta de medicamentos, de doctoras/es o enfermeras/os y se aseguran que no hayan suficientes camas etc.
5. Comienzan a escribir y a publicar propaganda que anuncia lo terrible del sistema. En el ejemplo de salud dicen que no es eficiente y sugieren que la solución es la Privatización.
6. Mienten sobre la eficiencia que podrán lograr, sobre los recursos extranjeros que se invertirán para mejorar el sistema y sobre los miles de empleos que se crearán en el proceso. En el ejemplo de la Salud prometen que aumentaran el número de doctores/as y enfermeros/as. Que construían mas hospitales y centros de salud y que la medicina será más barata y el servicio más eficiente.
7. Mientras tanto, el pueblo se queja y comienza a repetir las falsedades que oyen o leen en las propagandas capitalistas.
8. El gobierno o algún traidor senador o diputado, con ayuda de los empresarios que desean adueñarse del sistema o de la Corporación Estatal, prepara un proyecto de ley que se “discute” en el Congreso Dominicano (Etapa de compra de Diputados y Senadores).
9. Se anuncia un compromiso entre los que cobraron mucho y los que cobraran después del “palo dao.”
10. Se aprueba el proyecto de ley y el Presidente ofrece un bonito discurso prometiendo que el problema se resolverá y que el servicio prestado será uno de los mejores de la región.
11. El servicio o la corporación pasa a manos privadas, casi siempre con recurso del Estado y prestamos del Estado y comienzan los despidos, la austeridad, el aumento en el servicio, y la baja en la calidad del servicio.
12. El pueblo se queja y las empresas privadas se bañan con las ganancias que le exprimieron al pueblo.
Los dos casos más graves de este robo público y que contaron con el apoyo del poder ejecutivo y el poder legislativos son los del Sistema de Salud y el Sistema Energético.
Sobre el descarado atropello al pueblo dominicano en el sector energético el Diario Libre reseño en su edición digital de febrero del 2006 lo siguiente:
“El caso más dramático y perjudicial de la privatización se presenta en el sector energético nacional. Antes de la privatización, el Estado tenía el monopolio de la energía, el servicio sólo abastecía el 70% de la población, las instituciones del Estado no pagaban la luz y el Gobierno sólo aportaba en subsidio RD$205 millones al mes, para un total de RD$2,460 millones al año.
Luego de la privatización, las instituciones del Estado tienen que pagar la luz, la oferta sólo abastece el mismo 70% de la demanda, pero el aporte del Estado se ha multiplicado por seis y llegó el año pasado a RD$17,000 millones, un promedio mensual de RD$1,417 millones. Este año el gasto oficial será mayor. A eso se agrega el hecho de que ya el Estado no tiene el control sobre las empresas energéticas y el aumento de la generación es un mito, pues se trata de «capacidad instalada», no de energía disponible, pues muchas plantas tienen elevados costos operativos.”
La misma suerte tuvieron los Ingenios del Estado. El Diario Libre lo explicó de esta forma:
“Eran 10 centrales azucareros al momento de la privatización. De ésos, siete estaban en operación, aunque con muchas dificultades. Llegó el proceso de arrendamiento y los 10 centrales pasaron a cuatro consorcios, de los cuales dos se fueron a la quiebra, uno tiene dificultades económicas y sólo uno se mantiene operando con normalidad: el ingenio Barahona, aunque con atrasos en el pago de la cuota.
Así lo expresó el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Enrique Martínez, quien afirma que los centrales Quisqueya, Santa Fe, Haina, Ozama, Consuelo, Boca Chica y Amistad están cerrados.
En tanto que el ingenio Porvenir volverá a hacer zafra este año bajo la administración del CEA y Montellano todavía no tiene seguridad de moler en Puerto Plata este año.”
Y sobre las empresas de CORDE dice:
“La privatización también incluyó 26 empresas agrupadas en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), de esas 23 desaparecieron y sólo tres: Molinos del Ozama, La Tabacalera y Minas de Sal y Yeso están operando y aportando un 50% de sus ganancias al Estado dominicano».
¡La anterior publicación ocurrió en el 2006!
Estamos en el 2022 y ¿qué han hecho los gobiernos y representantes del Estado con esa información?
¿Trataron de recuperar el sector energético, los ingenios y/o las empresas de CORDE? NO.
¿Trataron de renegociar en buena fe usando el poder del Estado con los villanos empresarios? NO.
¿Descontinuaron la absurda y traidora práctica neoliberal de privatizar los recursos del Estado Dominicano? NO.
Por el contrario, desde su llegada al poder con el apoyo de una considerable minoría el Presidente Luis Abinader continuó y continúa aplicando, al pie de la letra el proceso neoliberal para despojar al pueblo dominicano de lo más preciado que le queda.
Luis Abinader, pesar de la historia, a pesar de los desbastadores ejemplos dejados por administraciones anteriores, y a pesar de la corrientes progresistas que se pasea por La Nueva Latinoamérica, se prepara para para darle los toques finales al maquiavélico plan de despojar al pueblo del recurso natural más importante del planeta, lo que ocurrirá, si el pueblo no lo prohíbe, antes de que el Congreso Dominicano apruebe la Ley de Privatización del Agua.