Barahona. – Después de dos aplazamientos a solicitud de los abogados de la defensa y de ocho horas conociendo la medida de coerción a 13 agentes de policía involucrados en un “tumbe” de drogas, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona, dictó este martes un año de prisión preventiva a cada uno de los imputados y los envío a distintas cárceles.
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Los abogados de la no están conformes con la medida de coerción dictada contra varios miembros de la policía vinculados al “tumbe” de 400 kilos de cocaína a narcotraficantes cuando hacían una transacción en playa Las Salinas, Distrito Municipal Villa Central y dijeron esperar que la misma le sea notificada para determinar cuáles pasos seguir con sus defendidos.
La jueza de Atención Permanente aquí, María Consuelo Valenzuela, que el pasado martes aplazó la audiencia de conocimiento de la medida de coerción en contra de los agentes suspendidos, acusados de robar el cargamento de droga y armas de fuego, inició a las diez de la mañana de este martes y concluyó minutos después de las seis de la tarde.
La magistrada Valenzuela dictó coerción de un año al cabo Esteban Armando Féliz Batista (Chatica), los sargentos Frainel Féliz (Bambí), Jorge Ramón Alcántara Urbáez (Sargento Alcántara), Jordany Cuevas Méndez (Yoda), Miguel Ángel Féliz Féliz (Argenis), Oscar Andrés Valentín Jiménez (Oscalito), los rasos Iván Féliz Vólquez y Carlos David Pimentel Cuevas (Cabezón), el capitán Rafael Amaurys Medina Pérez (Patú), el cabo Juan Carlos Medina Méndez (Pelo Fino) y el raso Junior Geraldo García.
Se recuerda que el Ministerio Púbico, quien estuvo representado en la audiencia por el fiscal titular interino Wellington Melo, solicitó al grupo de uniformados, 18 meses como medida de prisión preventiva, así como que se declare el caso complejo, no acogida por la jueza en su totalidad.
Los imputados del caso del robo de la droga, supuestamente unos 400 kilos de cocaína deberán cumplir la medida de coerción en las cárceles de Jimaní, Neyba, Baní y Najayo.
Inconformes
Los abogados de la defensa de los imputados mostraron su inconformidad con la sentencia dictada por la magistrada, tras señalar que la acatan, pero no la comparten, afirmando que a sus defendidos les violaron todos sus derechos.
El exfiscal Yván Ariel Gómez Rubio, quien defiende a más de la mitad de los imputados, así como Ciro Moisés Corniell, expresaron que la decisión no está fundamentada en derecho ni en las pruebas, sino que es resultado del “populismo penal” y a que el caso se mediatizó.
Criticaron que se haya dictado la medida de la forma en que se ha hecho, ya que muchos de los policías no tienen orden de arresto y conducencia, por lo que su prisión es “ilegal” y que, por lo tanto no procede la medida de coerción.
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