Santo Domingo.- Un año de prisión preventiva le fue impuesto al cabo de la Policía Janli Disla Batista, por matar de un disparo en la cabeza a la arquitecta Leslie Massiel Rosado Marte, en un hecho ocurrido el pasado sábado en Boca Chica.
Igual medida de coerción se impuso a Rafael Castillo Novas (Argenis), quien conducía el motor en el que el agente policial persiguió a la víctima, luego de un supuesto accidente de tránsito.
El juez Leomar Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, adoptó la decisión con base en distintas pruebas aportadas por el Ministerio Público, encabezado en la audiencia por el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán Leonardo.
“Valoramos como una decisión correcta de parte del tribunal”, dijo Milcíades Guzmán Leonardo a periodistas que lo abordaron luego de concluida la audiencia donde fueron impuestas las medidas de coerción.
Cuestionado sobre otros posibles responsables, dijo que se han tejido una serie de hipótesis, pero que el Ministerio Público continúa investigando.
En relación con el alegato del motorista, de que no participó, que no sabía y que solo trasladó a la persona que disparó, el fiscal indicó: “Nosotros hemos comenzado a hablar del cooperador necesario, que es la persona que no te comete un ilícito, pero, es un instrumento imprescindible, esencial, para que se cometa y creemos que esa es la participación que él ha tenido y seguiremos las investigaciones para hacer un acto conclusivo de acuerdo a la honestidad que nos exige la ley y con total calidad frente a la sociedad”.
El representante del Ministerio Público en Santo Domingo Este aseguró que el órgano de justicia no exonerará a nadie de su participación en este hecho, tras ser cuestionado sobre la investigación a miembros de la Armada Dominicana.
“El que haya participado, sea por comisión o por omisión, nosotros lo estaremos investigando, y si encontramos ribetes penales de la participación de cualquiera, no importa qué función tenga ni cómo se llame, lo presentaremos al tribunal”, declaró.
“Si no encontramos rebites penales en las actuaciones penales no podemos hacerlo. Todo el que conoce este proceso está bajo investigación. Todo el que lo conoce de manera directa y que ha participado en la escena está bajo investigación”, dijo.
El fiscal de Santo Domingo Este encabeza el equipo que representa al Ministerio Público en este caso, el cual además está integrado por César Alcántara, Ángel Medina y Florentino Sánchez.
El expediente indica que el hecho ocurrió el pasado sábado 2 de octubre, alrededor de las 7:30 de la noche, mientras la víctima y su hija de 15 años de edad, cuyo nombre se omite por razones legales, se desplazaban por la avenida Duarte de Andrés hacia Boca Chica a bordo de un vehículo Mercedes Benz, en dirección Oeste-Este, aproximadamente a unos 500 metros del parquecito de “Andrés”.
La instancia indica que el vehículo de la mujer rozó levemente la motocicleta marca Suzuky conducida por Disla Batista y que el cabo estaba acompañado de su esposa, Santana de Jesús Ramírez, y sus dos hijos menores de edad, quienes resultaron sin lesiones, conforme establecen los diagnósticos médicos.
Precisa que una vez ocurrido el supuesto accidente, el imputado Disla Batista le realizó varios disparos que obligaron a la víctima Rosado Marte, quien se encontraba en estado de gestación, a no detener la marcha del vehículo, tratando de salvar su vida y la de su hija.
Posteriormente, el agente policial abordó la motocicleta que conducía el coimputado Rafael Castillo Novas y juntos le dieron persecución al vehículo de la víctima. Al llegar próximo a la zona de la playa de Boca Chica, Janli Disla le volvió a realizar varios disparos que impactaron el vehículo, uno cerca de la placa y otro que se incrustó en el neumático trasero derecho.
Luego, con el arma de reglamento en la mano, el agente golpeó repetidas veces el cristal del lado del conductor, logrando herir a la víctima en la mano izquierda, y realizó dos disparos, uno de los cuales la alcanzó en la cabeza y le provocó la muerte. Indica que en medio de la persecución el imputado le pidió ayuda a miembros de la Armada Dominicana que se desplazaban por el lugar en un camión de esa institución.
El Ministerio Público les ha asignado a los hechos de manera provisional la calificación jurídica de homicidio voluntario, asociación de malhechores y complicidad para cometer asesinato, previsto y sancionado en el contenido normativo de los artículos 59, 60, 265, 266, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, el principio VI de prioridad absoluta, los artículos 3, 12 y 396 de la Ley 136-03, sobre el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
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