Santo Domingo.- Para el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la independencia de la justicia radica en que el Poder Ejecutivo entregue el 4.10% del Presupuesto Nacional al sector, como establece el artículo 3, de la Ley de Autonomía Presupuestaria 194-04, razón por la que intimó al PE para que la cumpla.
La petición la hizo una comisión del gremio, que encabezó su presidente, Miguel Surun Hernández, quien entregó un recurso de intimación a la Dirección General de Presupuesto para que se cumpla con esa Ley, otorgándole un plazo de 15 días para iniciar el proceso de asignación de los mismos en el proyecto de Presupuesto del 2022.
Surun Hernández, calificó «insuficiente» el presupuesto actual del Poder Judicial, alegando que no alcanza para cubrir las necesidades acumuladas por más de 10 años de privaciones del sector.
“Con esos fondos no se podrán instalar los 94 tribunales ya aprobados por ley, pero que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, tampoco mejorar las instalaciones actuales, condiciones laborales de jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados y limitará la mejora del servicio que recibe la ciudadanía en este momento», agrega.
El presidente del Card, dijo que para mantener una justicia independiente, lograr una lucha contra la corrupción eficiente, manejar temas delicados, se necesita de un personal de investigación y judicial especializado, bien pagados e incentivados, que no se ha podido lograr actualmente por falta de recursos económicos.
Recordó que el artículo 3, de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente: Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%).
Consideró que las buenas intenciones de «independencia» de la Justicia deben comenzar con respetar la ley que garantiza la independencia financiera del Poder Judicial y del Ministerio Publico, por lo que advirtió que, si en el plazo de 15 días no se obtempera a asignar las referidas partidas en el presupuesto del venidero año, procederá al sometimiento del director de Presupuesto, del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.
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