Luego de casi un año al frente de la adinistració de la cosa pública, el presidente Luis Abinader, anunció algunas medidas con las que intenta reducir el gasto público, estableciendo por decreto restricciones operativas en las instituciones públicas y de sus funcionarios.
Con el decreto 396-21, el mandatario limitó gastos relacionados con viajes al exterior, compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones.
Restringe las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades, y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con muy contadas excepciones.
Estas medidas anunciadas ayer han sido recurrentes en pasadas gestiones de Gobierno, aunque no se sabe, la efectividad que estas han tenido.
En todos los gobiernos sucedidos después del ajusticiamiento del tirano, Rafael L. Trujillo, se anunciaron medidas o planes de austeridad enfocados en reducir el gasto público y el dispendio de los recursos del Estado.
En los siete meses del Gobierno del profesor Juan Bosch (1963) se aplicaron acciones de austeridad que iniciaron con la rebaja de su propio sueldo y el de sus funcionarios. También con la reducción de la nómina pública, sobre todo la del servicio exterior.
En 1966, el presidente Joaquín Balaguer, hizo aprobar una Ley de austeridad en la que congelaron todos los salarios públicos y se prohibió aumentar la nómina. Con el tema del endeudamiento, tanto Bosch como Balaguer se manejaron con precaución. A decir del economista e historiador Bernardo Vega, “a excepción del lamentable caso de la Overseas, Bosch fue austero, y Balaguer solo aceptó préstamos para proyectos de inversión y en condiciones muy blandas con organismos públicos multilaterales y bilaterales”.
En el 1982, Salvador Jorge Blanco también asumió un plan de austeridad que incluyó la reducción de su sueldo en un 40%
En su “plan de emergencia de recuperación nacional”, Jorge Blanco dispuso que ningún sueldo (exceptuando el del presidente y vicepresidente de la República) fueran superior a RD$2,225. Dispuso también que los gastos de representación a los funcionarios del Estado, incluyendo al Presidente y Vicepresidente, no excedieran el 20% del sueldo, debiendo en todos los casos ser justificados.
Asimismo, decidió suprimir las asignaciones que se concedía a los funcionarios, como pago de cuotas a clubes sociales, tarjeta de crédito o cargo a cuenta de los departamentos, por gastos personales de los funcionarios o sus familiares, asignaciones para gasolina y pagos por utilización de sus vehículos.
En 1986, al volver al poder, Balaguer dispuso un congelamiento de los sueldos públicos y la suspensión temporal de la publicidad oficial. El plan de austeridad abarcó la cancelación de miles de empleados y la supresión de entidades estatales.
Otras medidas tomadas por Balaguer fueron en 1994, empujado por el déficit acumulado durante los primeros años del 1990, que afectaba seriamente la sostenibilidad de las finanzas pestatales, se dispuso la suspensión de nuevos nombramientos y de gastos no contemplados en el Presupuesto.
Leonel Fernández, en su primer mandato (1996-2000) también necesitó aplicar acciones de austeridad e igual se inclinó por el congelamiento de nombramientos, ya que el gasto en sueldos públicos se había disparado de RD$400 millones al mes a RD$900 millones.
Hipólito Mejía (2000-2004), igual anunció un plan de cuatro meses, en el que incluyó la rebaja de sueldos a los funcionarios, eliminación de los celulares y la supresión de gastos “innecesarios”. Se prohibieron las cenas y los almuerzos “superfluos”. Con el recorte de un 10% a los sueldos de los altos funcionarios, Mejía creó el “Fondo de Lucha Contra la Pobreza”.
